El 14 de marzo de 2020, luego del primer caso confirmado de covid-19, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) determinó que las autoridades educativas locales se sujetarían a lo establecido por las autoridades de salud. Así, el 16 de marzo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyó el cierre total de las escuelas del país y —posteriormente— la permanencia en casa.
Desde entonces, la SEP y las autoridades educativas locales destinaron esfuerzos para garantizar la continuidad de las actividades escolares a distancia para todos los niveles de educación básica, media superior y superior. En el caso de educación básica, la estrategia “Aprende en casa” representó la principal respuesta de la autoridad federal ante este desafío, dejando a las entidades la decisión de establecer su propia ruta de intervención complementaria. Lamentablemente, estas medidas no tomaron en cuenta que las desigualdades educativas en México tendrían diferente impacto en los estados del país y en el magisterio nacional.
“Aprende en casa” estuvo vigente durante el periodo 2019-2021. Su principal característica era la transmisión digital de secuencias didácticas (explicadas por orientadores) con la finalidad de que los estudiantes las acompañaran con los libros de texto gratuitos como principal recurso de apoyo. En este contexto, organismos internacionales como la Unesco alertaron que, sin importar las estrategias abordadas con los sistemas educativos en el mundo, era previsible que el impacto de la pandemia en los niveles de aprendizaje de los estudiantes sería evidente en la medida en que fueran incorporándose a las actividades presenciales.
La mayoría de las recomendaciones a nivel internacional se centraron en la necesidad de establecer rutas de evaluación diagnóstica para conocer cuáles eran los niveles de desarrollo de aprendizajes que las y los estudiantes tuvieron tras el cierre de las escuelas; ello daría la pauta para establecer estrategias más completas. El 29 de marzo y el 12 de julio de 2022 la SEP informó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que 22 de las 32 entidades federativas no reportaron estrategia local alguna, tanto de regreso a la escuela como de recuperación de aprendizajes. Por lo tanto, se interpreta que estos estados orientaron su marco de actuación a partir de los lineamientos emitidos por la SEP, y dejaron de lado la oportunidad de establecer rutas específicas de actuación a partir de las necesidades, características y condiciones propias de sus comunidades.
Guerrero fue de las entidades que carecieron de una estrategia local complementaria. Evidentemente, esta situación dejó a cada escuela la responsabilidad de diseñar las intervenciones a partir de sus condiciones, recursos y —sobre todo— del interés y creatividad de directivos y docentes para reconocer las necesidades que los y las estudiantes mostraron una vez que ocurrió el retorno presencial. Por si fuera poco, Guerrero fue de las últimas entidades federativas en las que las actividades escolares presenciales se reiniciaron al 100 %. Esta situación no resulta novedosa al considerar el rezago histórico del sistema educativo estatal, lo que se reflejó en los resultados de evaluaciones nacionales como PLANEA (primaria o secundaria), en la que, hasta 2019, siempre apareció entre las tres entidades con resultados más bajos en áreas como Lenguaje o Matemáticas.
Una de las escuelas primarias a las cuales se hace referencia en este artículo se ubica en el municipio de Acapulco, y se trata de una institución de sostenimiento privado. Durante el ciclo escolar 2021-2022, la matrícula fue de aproximadamente 180 estudiantes. Con la finalidad de contar con evidencia que permitiera identificar las principales necesidades académicas de los estudiantes, el colegiado determinó participar en la aplicación de la Evaluación Diagnóstica para la Mejora de los Aprendizajes de los Estudiantes, promovida por la SEP y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Dicha aplicación se realizó de 3.º a 6.º grado. Considerando las condiciones y posibilidades de los estudiantes, se eligió la opción de participación D de entre las cuatro que ofrece la Comisión (en lápiz y papel; proyección del examen y respuesta en papel; examen digital por sistema, y prueba en línea). Para ello, la coordinación académica de la institución siguió el protocolo emitido por Mejoredu. El primer inconveniente surgió en el registro de los participantes: una vez que se realizaban los registros, la notificación de los usuarios y contraseña no correspondía a los registrados, situación que sugiere que tanto la plataforma utilizada como el procedimiento mismo no contó con una fase de pilotaje.
El segundo inconveniente fue que, durante las dos fechas elegidas para la aplicación de los instrumentos de Lenguaje y Matemáticas, en la mayoría de los casos, al culminar las sesiones establecidas, la información (respuestas a los reactivos) no se guardaba. Tal situación generó frustración a los y las estudiantes, ya que tenían que volver a responder el instrumento. Ante estos dos primeros inconvenientes, la coordinación académica de la institución y los aplicadores tuvieron que buscar comunicación con el área responsable de Mejoredu. No recibieron respuesta —o, al menos, no de la manera más pertinente para resolver estos inconvenientes—.
Ante la nula comunicación de Mejoredu y la escasez de información de la Secretaría de Educación estatal, la coordinación académica y la dirección de la escuela solicitaron el apoyo de un Centro de formación y capacitación local que diseñó los dos instrumentos (Lenguaje y Matemáticas) en formularios. Se tomó esta decisión tomando en cuenta que los estudiantes participantes ya estaban familiarizados con el uso de estas herramientas. El siguiente desafío fue no contar con las respuestas correctas de los instrumentos, las cuales no aparecían disponibles en la plataforma de la SEP. Fue por ello que los aplicadores tuvieron que “contestar” los instrumentos para que el formulario pudiera programarse en modo “cuestionario” y poder tener los resultados una vez que los estudiantes culminaran.
Tomadas estas decisiones, y una vez reorientados los procesos de aplicación de los instrumentos, la participación de los estudiantes fue mucho más sencilla, de manera que respondieron los dos cuestionarios en una jornada de dos sesiones. El último reto solventado en este proceso fue comunicar de manera pertinente los resultados globales de la aplicación, situación que se realizó en una reunión general con los padres de familia, a quienes se les presentaron los siguientes porcentajes de aciertos: 3.º grado (Lectura 68.9 %; Matemáticas 70.8 %); 4.º grado (Lectura 58.7 %; Matemáticas 60.2 %); 5.º grado (Lectura 58.7 %; Matemáticas 51.3 %); 6.º grado (Lectura 59.3 %; Matemáticas 50.7 %). Estos resultados guardan cierta relación con los reportados por la SEP ante la ASF. La experiencia descrita evidencia los retos que una institución privada en Acapulco, Guerrero, tuvo para participar en la evaluación diagnóstica, situación que podría explicar la baja participación durante el ciclo escolar 2021-2022 de más instituciones educativas del nivel básico, máxime por su carácter voluntario.
Por otra parte, los diálogos sostenidos con otros directores muestran que la experiencia de las escuelas públicas adscritas a la misma zona escolar fue aún más complicada, principalmente por tres motivos.
1) Ante la ausencia de condiciones propicias para utilizar más de una opción de aplicación, la mayoría se limitó a realizarlo a partir de la opción A (en lápiz y papel pagando las fotocopias con recursos propios o pagados por los padres).
2) Aunque la autoridad local intentó generar condiciones propicias para facilitar la aplicación —por ejemplo a través de orientaciones virtuales así como un curso de formación continua ex profeso—, muchas de las escuelas interesadas encontraron complicaciones de orden técnico para probar las modalidades de examen digital o prueba en línea.
3) De acuerdo con información de la autoridad estatal, la propia SEP solicitó a las entidades una muestra de escuelas en las que tentativamente se aplicaría la evaluación diagnóstica. Cada estado trazó su propia ruta: en el caso de Guerrero, las escuelas focalizadas (cien, aproximadamente) tenían que aplicar la evaluación con sus propios recursos. Esta situación generó molestia por parte de los directivos y docentes, quienes informaron en una reunión virtual con la Dirección de Evaluación de la autoridad local que no participarían obligatoriamente sin contar con las condiciones mínimas. Lo anterior orilló a la autoridad local a imprimir los instrumentos y las hojas de respuestas, y hacerlos llegar a las escuelas seleccionadas de la muestra estatal. No se cuentan con datos oficiales de las escuelas participantes, pero se estima que habrían sido el 50 % de las seleccionadas. Esta situación se repitió para el ciclo 2022-2023 con la publicación de los nuevos lineamientos de las evaluaciones diagnósticas de los aprendizajes de las y los alumnos de educación básica en el Diario Oficial de la Federación.
En el contexto de la difusión de los resultados nacionales de estas evaluaciones vale la pena continuar profundizando en las discusiones respecto a su pertinencia, su metodología y las condiciones de su aplicación. Y, sobre todo, de sus resultados.
Estos últimos evidencian que el impacto de la pandemia en los estudiantes es más grave de lo que la SEP y las autoridades locales han querido reconocer públicamente. Los ejercicios de transparencia siguen siendo necesarios para que la sociedad exija su derecho a conocer el estado que guarda la educación en nuestro país. El inicio del ciclo escolar 2022-2023 es una oportunidad valiosa para realizar intervenciones más específicas ante los rezagos identificados; sin embargo, la tendencia de las políticas educativas a nivel federal y estatal parecieran ser las mismas: la pandemia o no existió o se hace como si no hubiera existido, lo que en definitiva repercutirá en generaciones venideras de estudiantes.
Mariana Morales Rodríguez
Docente investigadora en la Universidad Autónoma de Guerrero
Irving Donovan Hernández Eugenio
Director de una escuela primaria pública en Guerrero y docente en diferentes instituciones de educación superior