El pasado 3 de febrero, en un evento titulado: “Bachillerato Nacional para todas y todos ¡Mi derecho, mi lugar!”, se anunció la eliminación de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) y la instauración del nuevo Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). La iniciativa fue presentada como una política transformadora para garantizar el acceso universal a la educación media superior (EMS); con ella, se dijo, “todas y todos los estudiantes tendrán acceso garantizado”. Esta nueva estrategia se presentó con un gran respaldo político, se llevó a cabo en Palacio Nacional en un evento encabezado por la presidenta Sheinbau; además participaron la jefa de gobierno de Ciudad de México, la gobernadora del Estado de México, el secretario de Educación Pública, la subsecretaria de Educación Media Superior, así como rectores y directores generales de las principales universidades públicas del área metropolitana de la capital, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Sin embargo, es fundamental analizar más allá del discurso si la eliminación del Comipems y la creación del SNB realmente resuelven los problemas de fondo en el acceso y permanencia de estudiantes en la EMS. También conviene considerar los posibles caminos que dicha resolución generará en términos de igualdad de oportunidades para las y los aspirantes a EMS.
¿Qué implica la nueva propuesta?
La eliminación del Comipems —como fue anunciado— implica que a partir del viernes 14 de febrero de 2025 abrirá una nueva plataforma de asignación de lugares para el ingreso a EMS en el Valle de México. Con ello, se instaura un sistema de registro sin examen de ingreso para aspirantes a las siguientes instituciones: Colegio de Bachilleres (Colbach); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); instituciones incorporadas a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI); escuelas afiliadas a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM); Bachilleratos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI); Bachilleratos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la capital mexicana (SECTEI) y; escuelas del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS). El rector de la Universidad del Estado de México (UAEM) también fue orador en el evento, pero no dijo nada específico sobre las once preparatorias que pertenecen a dicha institución, ni sobre el único plantel —Texcoco— que participaba en el concurso de Comipems.
Se mencionó que las y los postulantes podrán registrarse para hasta diez opciones de planteles en las instituciones sin examen, pero no se dio información acerca de cómo se asignaran los espacios.
Una característica interesante de la eliminación del Comipems es que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continuarán aplicando un examen de ingreso a sus planteles de bachillerato (de manera conjunta y en las mismas fechas). Con ello, los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM, los cinco Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y las 16 “vocacionales” o Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) del IPN requerirán examen de ingreso. En otras palabras: las y los estudiantes que deseen postular a dichas opciones educativas se registrarán en la nueva plataforma que sustituirá a la Comipems, elegirán una opción educativa que requiere examen, tendrán que cubrir una cuota de examen (por definir) y presentarán un examen de selección para las instituciones más demandas de EMS. La salvedad es que tendrán asegurado un lugar en aquellas opciones que no requieren examen, sin información clara en relación con la forma de asignar dichos lugares.
También se ha apuntado que el nuevo Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) unificará los subsistemas educativos de EMS integrándolos en dos grandes opciones: bachillerato general y bachillerato tecnológico. En ambas opciones se recibirá una certificación equiparable: por un lado, se recibirá el certificado único de bachillerato que avalará la conclusión del nivel medio superior; y por otro, se podrá obtener una certificación profesional o tecnológica adicional, con aval de instituciones de educación superior como IPN o el Tecnológico Nacional de México (TecNM) para acreditar competencias técnicas o profesionales adquiridas durante el bachillerato. Este esquema implícitamente busca eliminar la segmentación en la EMS y unificar la certificación para que no “existan diferencias de valor” entre las diferentes opciones educativas.
¿Qué problema busca atender la propuesta y qué puede lograr efectivamente?
Desde su creación en 1996, la Comipems ha sido el mecanismo de asignación de lugares en EMS de la Zona Metropolitana del Valle de México. Su propósito fue asignar los espacios educativos de las distintas instituciones de acuerdo con el puntaje obtenido por sus aspirantes en un examen estandarizado. Es de conocimiento general —por el seguimiento en la prensa— que año con año hay descontento entre aspirantes por no ser asignados a sus instituciones de preferencia. Incluso, en el evento del 3 de febrero se mencionó que en 2023 más de 36 000 estudiantes no fueron asignados a ninguna de las instituciones de preferencia en el proceso de asignación, lo cual genera descontento y malestar entre la juventud. Vale comentar que investigaciones de corte académico también han documentado que la Comipems ha generado exclusión y segregación de jóvenes —según su puntaje en el examen de selección—, ya que la distribución de los espacios se basa en un puntaje que premia a jóvenes con mejores condiciones socioeconómicas, quienes logran puntajes más altos en el examen de ingreso y con ello acceden a las instituciones más demandas en EMS como se muestra en los trabajos de Solís y coautores (2013), Rodríguez (2015), y García (2016).
No obstante, es relevante puntualizar que la Comipems fue un instrumento que sirvió para asignar lugares de manera objetiva y transparente (mediante un examen) en una zona geográfica con altos volúmenes de demanda (población objetivo) y de oferta diversa y segmentada (instituciones de EMS). Un aspecto clave es reconocer que las y los aspirantes tienen preferencias en relación con su ingreso a EMS: pueden no desear matricularse en planteles que tengan reputación “de baja calidad”; no quieren asistir a escuelas lejanas a donde viven; o desean asistir a instituciones que se asocien con “garantizar su ingreso a la universidad”. De hecho, como bien enunciaron en el evento, el problema no es que queden fuera de la EMS, sino que no acceden a la escuela de preferencia y esa situación no se resolverá eliminando el Comipems o quitando el examen de ingreso en las opciones educativas que no eran de entrada opciones de preferencia. De hecho, es posible que la segregación sea exacerbada cuando se va a “competir” únicamente por los lugares de mayor demanda. Ello implicará un nicho más reducido de competencia, basado en un proceso de “autodescartarse” por no considerarse apto para competir o incluso por no tener recursos para competir (pagar un examen de selección o pagar cursos de regulación para pasar el examen). Además, hay que señalar que el nuevo examen será en línea con lo que se pueden presentar dificultades adicionales para quienes no cuentan con los requerimientos tecnológicos que se solicitarán para hacer el examen.
Algo que me causa extrañeza es que se hable de: “garantizar un lugar para todas y todos” y de “un bachillerato nacional” cuando sólo se está tocando el tema de ingreso a la educación media superior en la Zona Metropolitana del Valle de México. Los problemas de acceso a la EMS no son exclusivos de Ciudad de México; ni CDMX representa el sistema de ingreso a EMS a nivel nacional. Por ejemplo, mi investigación sobre los procesos de admisión a EMS a nivel nacional ha demostrado que los mecanismos de ingreso en México son sumamente heterogéneos entre entidades y subsistemas de EMS, lo cual tiene afectaciones en la transparencia y efectividad de los procedimientos (2016). Asimismo la diversidad de modelos de admisión incide en la representación de estudiantes que provienen de diferentes estratos socioeconómicos (2021) y la gran diversidad tiene efectos en el desempeño académico de quienes ingresan a la EMS en las diferentes entidades (2021). Por ejemplo, con datos de PISA se identifica que en las entidades con examen unificado y selectivo se observan estudiantes con mejores promedios en desempeño académico que en entidades donde no hay exámenes de entrada; los datos también sugieren que el uso de exámenes unificados y selectivos favorece una mayor representación de estudiantes que provienen de estratos de ingreso medio versus de estratos bajo. No obstante, la propuesta gubernamental sólo hace referencia a la admisión a EMS en Ciudad de México y área metropolitana, nulificando que el ingreso a EMS a nivel nacional también requiere intervención. Es el caso de algunas entidades, como Jalisco y Nuevo León, que utilizan exámenes de admisión similares al Comipems, que filtran el ingreso a sus sistemas de preparatorias. Asimismo, algunos subsistemas —como el Conalep o Bachilleratos Tecnológicos— aplican pruebas diagnósticas que se utilizan para asignar cupos limitados por la capacidad de cada institución.
El gobierno no ha explicado qué ocurrirá con estos procesos de admisión, ni si la eliminación del examen se extenderá a otras regiones del país. ¿Se pretende unificar el acceso a nivel nacional? ¿Se mantendrán las diferencias entre subsistemas? ¿O simplemente se trata de una reforma localizada que deja fuera a la mayoría del estudiantado del país?
Resultados esperables, más allá del discurso político
Si bien, como mencioné en un principio, el evento de anuncio de la estrategia para la EMS se enmarcó en un gran apoyo institucional y político (incluso las instituciones que no quitarán exámenes de selección estaban ahí), se vislumbra la persistencia de la segmentación educativa en EMS. Aunque se elimina el examen como mecanismo de asignación de espacios en el Valle México, no se elimina la diferenciación entre los subsistemas de bachillerato: bachilleratos con alto prestigio y demanda mantienen su examen de ingreso por lo que seguirán siendo selectivos y su reputación no habrá de alterarse. De igual manera, el SNB —y su integración en dos opciones de bachillerato— no resuelve de fondo las razones por las que existen divergencias en la calidad educativa (tanto percibida como en términos prácticos). En consecuencia, el nuevo sistema creará una separación aún más evidente entre las y los estudiantes que logren ingresar a instituciones selectivas y aquellos que sean asignados a otras opciones educativas. Al respecto, Luis Antonio Mata advierte en una publicación reciente que esto podría generar una nueva brecha educativa en la que el “acceso garantizado” se traduzca en una redistribución desigual de oportunidades, donde las y los estudiantes con mayor capital cultural y mejores condiciones de estudio sigan concentrándose en los planteles más prestigiosos.
La falta de claridad en los procedimientos de ingreso a EMS a nivel nacional tampoco ayuda. Dado que la estrategia no contempla una política clara para la admisión en otros estados, cada entidad seguirá regulando su acceso de manera independiente, lo que puede generar aún más desigualdades entre regiones. Sin una estrategia nacional, se corre el riesgo de que en algunos estados se mantengan sistemas de selección mientras que en Ciudad de México se adopte un modelo de asignación sin filtro de entrada, pero poco transparente en la asignación y selectivo para quienes aspiren a las instituciones de mayor prestigio.
Finalmente, garantizar el acceso no implica asegurar la permanencia. El abandono escolar en la educación media superior sigue siendo elevado. Para que esta reforma tenga un impacto real en la equidad educativa, es fundamental invertir en la mejora de los planteles, en la formación y condiciones laborales de las y los docentes, y en estrategias que aseguren la permanencia y el éxito de las y los estudiantes. De lo contrario, la estrategia corre el riesgo de ser una medida simbólica con beneficios limitados, en lugar de una verdadera posibilidad de equidad en la EMS.
Jimena Hernández-Fernández
Investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación y Coordinadora de la Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.