La educación no es una prioridad para el gobierno del presidente López Obrador. Esto se confirma nuevamente en la asignación propuesta para el presupuesto educativo de 2024, en la que no se observan recursos para generar equidad de oportunidades educativas y aprendizajes de calidad para el bienestar de los niñas, niños y jóvenes mexicanos. Con esta última entrega del proyecto de presupuesto se prevé un aumento del 1 % para la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de 2.9 % para el sector educativo en general, sumando un total de 1 046 000 millones de pesos, conservando la distribución presupuestal de 2023. A simple vista estas cifras podrían parecer alentadoras, pero al contrastarlas con las asignaciones anteriores, el panorama es menos optimista. Durante este sexenio —marcado por retos educativos inéditos— el aumento ha sido de apenas un 1.6 % en seis años.
La verdadera apreciación de un país por la educación se refleja en los recursos que sus gobiernos destinan para su financiamiento. Desde 2008 hasta 2015, la educación en nuestro país disfrutó de un alza sustancial en la asignación de fondos. Sin embargo, desde entonces, hemos sido testigos de un descenso gradual de recursos, tocando fondo en 2022, con 944 753 millones de pesos. Este fue precisamente el año en que las escuelas reabrieron tras prácticamente dos años de permanecer cerradas por la pandemia, un presupuesto similar al que se observó en 2011. En 2023, se brindó un pequeño respiro presupuestal con un incremento del 7.7 %. Ahora, para 2024, se contempla un aumento de 2.9 %: un avance que apenas supera el gasto ejercido diez años antes, cuando no se tenía un sistema educativo trastocado por una emergencia que ha acotado oportunidades de acceso a los servicios educativos, serias afectaciones en aprendizajes de los estudiantes y desafíos socioemocionales para toda la comunidad educativa.
Ahora bien, no basta con poner más dinero en la bolsa. También se requiere que esa inversión llegue a los espacios que más le duelen a la educación en este país y se ejerza de manera adecuada. Al ver el detalle de los incrementos presupuestales propuestos, sorprenden los aumentos considerados para los servicios educativos provistos por la Marina y el Ejército. Se contempla un aumento del 11.7 % para la Universidad Naval, mientras que para los servicios educativos de la Secretaría de la Defensa habrá un incremento de 4.45 %.
Asimismo, destaca el tinte electoral del presupuesto educativo que se retrata en el incremento de los recursos con los que se financiará la mayoría de la nómina magisterial del país. Por ello, se propone destinar un incremento del 8 % al ramo 25 , con el que se financiarán los servicios de educación en la Ciudad de México, ejercidos por la autoridad educativa federal.
Al desmenuzar aún más este incremento, destacan cuatro aspectos: en primer lugar, un aumento de 21 % para los servicios administrativos; en segundo, que los recursos específicos para financiar la nómina de los maestros de educación básica en la Ciudad de México incrementarán 15 %; el tercer punto es otro 15 % adicional para la nómina de servicios de educación tecnológica a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. Estos fondos han sido severamente criticados en el pasado por su falta de transparencia y revisión limitada por parte de la Auditoría Superior de la Federación. El cuarto aspecto es el incremento del 3.6 % al componente educativo del ramo 33 que corresponde a las aportaciones federales destinadas a entidades federativas y municipios. En esencia, estos fondos son distribuidos por la Secretaría de Hacienda a las entidades para gestionar diferentes servicios públicos como los educativos. Dentro de estos fondos, destaca el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone). Con éste se cubren los salarios de la nómina docente federalizada de educación básica y normal; presenta un aumento de 3.8 % que se suma al 5.5 % aprobado en 2023. Pero, para 2024, no todos los estados tendrán un incremento de recursos igual vía el Fone. Destacan cuatro grandes ganadores: Tabasco (17 %), Hidalgo (14 %), Guerrero (13.2 %) y Oaxaca (10 %).
De este fondo preocupan al menos dos aspectos. El primero es que, pese a que desde la reforma educativa anterior (2012) su implementación fue para acotar las anomalías en la nómina, las revisiones de su ejercicio por parte de la Auditoría Superior de la Federación se han reducido sustantivamente. El segundo es que para 2024 se contempla la autorización para las entidades federativas para incrementar su techo de gasto en servicios personales con cargo al Fone (ver propuesta del artículo Décimo Séptimo transitorio en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación).
Tabla. 1 Cambios porcentuales en la asignación del FONE de 2022 a 2023 y propuesto en 2024
Fuente: elaboración propia con información de SHCP 2022- 2023. Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024.
En relación con el presupuesto destinado a la Secretaría de Educación, la propuesta para 2024 asciende a 425 755 millones de pesos, lo que representa un incremento del 1 % (4169 millones adicionales) respecto a 2023. ¿Cómo se distribuirá tal suma? De acuerdo con la propia dependencia federal, el desglose propuesto es el siguiente:
- Se destinarán 1017 millones de pesos a proyectos de infraestructura social del sector educativo, lo que representa un notable aumento del 669.7 %.
- Se propone asignar 1328 millones de pesos a Servicios de Educación Superior y Posgrado (un incremento del 2 %).
- Se asginarán 688 millones de pesos para el diseño de política educativa (18.3 % más).
- Se destinarán 219 millones para normar los servicios educativos (15.5 % adicionales).
De esta manera se financiará una serie de rubros no etiquetados, lo que brinda un amplio margen de maniobra a la SEP en el ejercicio de dichos recursos.
Por otra parte, resaltan los recursos al programa para la distribución de libros y materiales educativos, con 10 millones de pesos adicionales en comparación a 2023 (7.8 % de incremento). En el caso del programa de formación docente, una piedra angular en cualquier sistema educativo robusto y dinámico, se contempla apenas un incremento de 150 000 pesos, que implica un modesto aumento de apenas 1 %.
Estas asignaciones presupuestales retratan la contradicción entre el discurso gubernamental y los recursos destinados para hacer política educativa. ¿Cómo es posible que en plena actualización de los marcos curriculares de educación básica y media superior no se consoliden recursos sustantivos para el apoyo a los docentes para lograr la tan nombrada “co-creación curricular” que se le está pidiendo a los docentes? ¿Cómo se supone que lograrán hacer la transversalidad disciplinar en la enseñanza de las ciencias en la media superior si no hay recursos para capacitar a los docentes? ¿Cómo afrontarán los persistentes desafíos de contención socioemocional de los estudiantes sin que se les capacite adecuadamente?
En el caso de los “programas insignia” de la autoridad educativa federal (la Escuela es nuestra, Jóvenes escribiendo el futuro, Becas Benito Juárez y las universidades Benito Juárez) se propone un incremento global de 19 millones de pesos. De concretarse esta cifra, el acumulado para estos programas durante el sexenio ascendería a 392 419 millones de pesos. En comparación, durante todo este sexenio sólo se han invertido 2532 millones de pesos para la formación y capacitación de los docentes, apenas un 1 % de los recursos para los programas mencionados. Así, para 2024 el gobierno federal propone destinar tan sólo 195 pesos para la formación y capacitación de cada docente, lo que desnuda el discurso hueco de reconocer la profesionalización del magisterio y su redignificación.
En los años anteriores —en plena pandemia— no se asignaron recursos adicionales para enfrentar el desafío de contactar a sus estudiantes y capacitarlos para seguir enseñando a la distancia. Ahora, en plena implementación de los cambios curriculares que se enuncian en la denominada nueva escuela mexicana, la autoridad federal nuevamente contempla recursos muy limitados para apoyar la profesionalización docente que les permita fortalecer una “nueva forma de enseñar” en las aulas públicas del país.
¿Dónde se quedó corto este presupuesto?
El presente sexenio enfrentó un desafío educativo sin paralelo. Pese a contar con amplio capital político y mayoría legislativa para asignar recursos en defensa del sistema educativo, la estrategia federal favoreció transferencias directas a estudiantes con nulo uso de la evidencia para frenar la caída de la matrícula y atemperar las afectaciones de los aprendizajes por el cierre de las escuelas.
Resulta desalentador que, en estos años que tendrían que ser cruciales para la recuperación y aceleración de aprendizajes, no se evidencie un compromiso presupuestal para abordar las consecuencias pedagógicas y socioemocionales de la pandemia, que implican: diagnosticar correctamente en todos los niveles educativos el impacto en los aprendizajes tras dos años de educación a distancia; trazar rutas de recuperación y realinear la enseñanza hacia competencias esenciales; e implementar acciones para mitigar el impacto socioemocional de la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes. El presupuesto para 2024 confirma que la autoridad federal ignora por completo la crisis educativa que profundizó la pandemia.
La negligencia no es únicamente responsabilidad del Ejecutivo federal, sino de la mayoría legislativa que ha aprobado cada año su propuesta presupuestal en materia educativa. Pese a contar con evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y de la Auditoría Superior de la Federación que retratan parte del panorama educativo más sombrío que enfrenta el país, la mayoría de los legisladores del bloque gubernamental han decidido privilegiar el financiamiento educativo bajo una lógica político-electoral y no con un auténtico compromiso por la equidad y calidad de la educación en el país.
En 2020, enviamos a 36 millones de niñas, niños y jóvenes a sus hogares en un intento de salvaguardar su salud. En 2022, sólo 34 millones regresaron a las aulas, representando una caída sin precedentes del 6 % en la matrícula total del sistema educativo. Desde entonces, apenas hemos recuperado un 1 % adicional de estudiantes. La discusión presupuestal tendría que ser una oportunidad única para concentrar esfuerzos y lograr que los cerca de dos millones de personas que abandonaron las aulas pudieran retomar sus estudios. Asimismo, deberían enfatizarse las acciones encaminadas para la recuperación de los aprendizajes de los estudiantes mexicanos. Todo ello es lamentablemente para nuestro país, porque sólo queda como un buen deseo.
La educación debería servir para la transformación de vidas, sociedades y sentar las bases para un mejor futuro en un país que sigue en deuda de generar condiciones para un desarrollo con mayor bienestar y equidad entre sus habitantes. Sin embargo, la forma en que se han asignado, ejercido y auditado los recursos en materia educativa limitan severamente el potencial transformador de la educación. Todo indica que 2024 no será la excepción, con lo que se consolidará una herencia educativa francamente desastrosa de un gobierno que en campaña prometió hacer de la educación una de sus principales prioridades. ¿Ahora que prometerán para los próximos seis años?
Marco A. Fernández
Coordinador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa
Laura Noemi Herrera
Investigadora de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tec de Monterrey e investigadora asociada de México Evalúa
A eso es justamente a lo que Durheim denominó anomia en El suicidio: la ausencia de una moral social que coadyuve a sustentar la definición de los fines socialmente válidos y que regule la utilización de los medios legítimos para lograrlos. El resultado es una conducción y a un funcionamiento anómicos del sistema de educación pública, al no hacer válidos los principios y valores educativos específicamente señalados en el Artículo 3°. Las consecuencias son muy regresivas en virtud de los mecanismos de retroalimentación negativos activados por las capacidades anómicas de la conducción.