Es público y notorio que la comunidad científica ha estado en conflicto con algunas de las políticas implementadas por este gobierno en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI). Las razones de cada uno de estos conflictos se han expresado en diferentes foros que seguramente son del conocimiento del Congreso de la Unión. Por esta razón, es necesario que el Poder Legislativo contribuya a que el diálogo para llegar a consensos prevalezca y superar la polarización que se ha inducido desde el gobierno.
En primer lugar, la iniciativa en comento oficializa y profundiza algunas de las políticas que se han cuestionado desde la comunidad científica y que violan derechos humanos fundamentales. Partamos de lo más importante: cualquier postura científica y epistemológica es susceptible de refutación. Al proceder, como lo hace el proyecto del Ejecutivo, a establecer una orientación epistemológica predeterminada como marco desde el que el gobierno y sus órganos especializados tienen la obligación de implementar las políticas de HCTI viola el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad académica, de investigación y de cátedra, en intenta fijar desde el gobierno una doctrina epistémica de Estado desde la cual se autorizan o desautorizan formas de pensamiento, de realizar investigación y difundir el conocimiento. Esta función no corresponde al Estado ni mucho menos al gobierno. El siglo XX enseñó a la humanidad que las doctrinas de Estado son la raíz del totalitarismo. La validez científica corresponde ser juzgada por los interlocutores calificados y por la opinión de la sociedad en plenas condiciones de libertad de pensamiento y expresión sin la intromisión del gobierno. Fijar una doctrina científica como doctrina del Estado es lo mismo que establecer un dogma de pensamiento desde el cuál se validan o descalifican las formas de actividad académica e intelectual.
En segundo lugar, la Constitución, en su artículo 1.°, establece la prelación de los derechos humanos y del principio pro-persona en el actuar de “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias”. No proceder de este modo es motivo de violación de los derechos humanos que puede llegar a ser grave. La forma en que la iniciativa del Ejecutivo en esta materia restringe y orienta la política de HCTI puede considerarse como una amenaza de violación de los derechos humanos por las siguientes razones:
- Excluye formalmente de la toma de decisiones a representantes de la comunidad científico/tecnológica, de las universidades, centros públicos de investigación, academias, de los sectores social y privado.
- Se privilegia el otorgamiento de recursos públicos a propuestas alineadas, de manera preferencial, a la Agenda Nacional o a los Proyectos Nacionales Estratégicos, y lo mismo ocurre con los apoyos destinados a becas, afectando así en la formación de recursos humanos en otras áreas.
- Existe un trato diferencial a las personas que laboran en las instituciones de educación superior y de investigación del sector privado.
- Se busca incidir en el Sistema Nacional de Investigadores para inducir a sus miembros a desempeñarse prioritariamente en las áreas definidas en la Agenda Nacional y en los Pronaces. Se pretende orientar el trabajo de las personas que laboran en los CPIs a las disposiciones que establezcan las secretarías de Estado afines a sus competencias. Se intenta capturar los derechos de propiedad intelectual, entre otras.
- Al proceder de este modo se viola el derecho constitucional a la ciencia porque impide su libre desarrollo y el acceso incondicional que a ella debe tener cada persona.
Por otra parte, la iniciativa es contraria a los Principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La contradicción de la iniciativa de ley con estos principios se da principalmente en su capacidad para decidir internamente sus programas de investigación y formación de recursos.
Finalmente, es necesario que el Poder Legislativo enmiende la iniciativa en cada uno de estos graves errores en los que incurre y que serían seguramente motivo de violación de derechos humanos y los litigios de constitucionalidad que se darían en consecuencia.
Francisco Valdés Ugalde
Investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Intervención en parlamento abierto organizado por las Comisiones unidas de ciencia y educación en la Cámara de Diputados el 29 de marzo de 2023.