A unos meses de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una de las instituciones insignia del sector educativo de su gobierno, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación —conocida también como Mejoredu— se halla en medio de una crisis interna que se expresa en la discordia entre los comisionados de su Junta Directiva, la controversia sobre la legalidad de la comisionada presidenta y la amenaza de su extinción.
Mejoredu: órganos de gobierno, asesoría y consulta
El Artículo 3.°, reformado en mayo de 2019, establece que Mejoredu cuenta con una Junta Directiva responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos que realice. Asimismo, indica que dicha Junta tendrá la asesoría y apoyo de un Consejo Técnico de Educación integrado por especialistas en educación, y un Consejo Ciudadano que representa a los sectores social, público y privado.
De tal manera, Junta Directiva, Consejo Técnico y Consejo Ciudadano son las instancias sobre las que recae el gobierno, la organización y el funcionamiento de Mejoredu.
En julio de 2019, el Senado de la República eligió a los cinco comisionados que dirigirían el destino de la institución: Florentino Castro López, Oscar Daniel del Río Serrano, María del Coral González Rendón, Etelvina Sandoval Flores y Silvia Valle Tépatl.
Dicha elección, en conjunto, no privilegió la trayectoria y capacidad académica y técnica de los comisionados en asuntos educativos, sino su conexión o militancia política, hecho que ha repercutido en la crisis interna que se vive en Mejoredu y que ha generado también, según lo expresado por personal académico consultado, censura a las opiniones que difieren de la línea oficial y un clima laboral adverso que genera desacuerdos, descalificaciones, desánimo y despidos laborales injustificados.
La crisis institucional
El 26 de septiembre de 2023, el comisionado Florentino Castro López entregó a la Junta Directiva un documento que exhibe puntos clave de la crisis interna de la institución. Castro López sostiene que, en sus cuatro años de existencia, Mejoredu ha carecido de Reglamento Interior, el documento que norma y regula las atribuciones de sus diferentes unidades y áreas. Según Castro López, este vacío convierte a la institución “en un organismo sin solidez administrativa y jurídica”.
Una tarea sustantiva de Mejoredu es coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (SNMCE) a fin de garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares. Para ello, cuenta con un Comité integrado por funcionarios de alto nivel del sector educativo (titular de la SEP, subsecretarios de Educación), la presidencia de las comisiones de Educación del Congreso de la Unión, integrantes de la Junta Directiva y representantes de los consejos Técnico y Ciudadano.
Castro López evidenció en su escrito que el Comité del SNMCE —que preside la titular de la SEP— no se había reunido ni una sola vez entre enero y septiembre de 2023. De acuerdo con la Ley reglamentaria del Artículo 3.° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora continua de la educación, el Comité debe sesionar al menos tres veces al año, pero la ley no se cumple. La inoperancia de este Comité priva a Mejoredu del espacio consultivo y deliberativo que reúne a las personas con más poder de decisión y de gestión del sector educativo.
Castro López también destacó que el Consejo Técnico de Educación de la institución se encuentra en una situación similar a la del Comité del SNMCE. Dicho Consejo debe estar integrado por siete personas especialistas en educación nombradas por la Cámara de Senadores, sin embargo, desde noviembre de 2022 contaba con un solo integrante, mismo que terminó su periodo en septiembre de 2023. Es decir, de ese mes a la fecha (abril de 2024) el Consejo está desmantelado, por lo que está impedido de realizar las funciones establecidas en la ley.
La disfunción de este Consejo deja a la Junta Directiva sin asesoría especializada en aspectos técnicos y metodológicos en materia de mejora continua de la educación.
Legalidad cuestionada de la comisionada presidenta
De conformidad con el artículo 34 de la ley citada, uno de los cinco comisionados es electo por el resto para desempeñar la función de comisionado presidente por un periodo de dos años. Este es el cargo de mayor jerarquía en Mejoredu.
La primera presidenta de la Junta Directiva fue Etelvina Sandoval Flores (2019-2021). La segunda comisionada presidenta electa fue Silvia Valle Tépatl (2021-2023) y, pese a no estar previsto en la ley, en septiembre de 2023 Valle Tépatl fue reelecta para un segundo periodo (2023-2025).
El 4 de marzo de 2024, el comisionado Óscar Daniel del Río Serrano hizo público un memorándum; en él pide a Valle Tépatl, entre otras cosas, respetar el principio de legalidad, “pues su reelección como presidenta de la Junta Directiva para el periodo 2023-2025 […] pone en entredicho la seguridad jurídica de [las] misivas que llevan su rúbrica ostentándose como presidenta de la Junta, toda vez que la [ley] no contempla la reelección en dicho cargo”.
En el mismo escrito, Del Río Serrano le demanda a Valle Tépatl que se conduzca con mayor profesionalismo y que se concentre en las carencias prioritarias de Mejoredu: emitir el reglamento interior de la institución, participar en el debate público sobre la desaparición de Mejoredu, fortalecer el presupuesto y gestionar el nombramiento de los integrantes del Consejo Técnico de Educación.
Mantener a Mejoredu al margen del proceso electoral
En su escrito, el comisionado Castro López también demanda mantener a Mejoredu al margen de la contienda electoral, sin profundizar en las razones de su planteamiento.
Lo que sí pudo corroborarse mediante la consulta de diferentes fuentes documentales es la relación de tres comisionadas con Morena y el autodenominado gobierno de la “cuarta transformación”.
En primer lugar, Etelvina Sandoval Flores es esposa de Jesús Martín del Campo, un maestro de amplia trayectoria política que participó en la fundación de la CNTE y de Morena. En sus redes sociales Sandoval Flores tiende a mostrar su adhesión a Morena y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo exhibe fotos con boletos en mano de la rifa del avión presidencial y los muñecos que representan la figura del presidente (“amlitos”), que selfis en mítines de López Obrador y de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum.
Sandoval Flores fue presidenta de la asociación civil que impulsó la creación de la Escuela Normal “José Santos Valdés” de Xochimilco, plantel de vida efímera (2016-2019) cuyo presupuesto era aportado por diputados y funcionarios de Morena y que dejó truncas las aspiraciones y la carrera de 123 estudiantes cuando en 2019 pasó a ser un plantel más de las universidades Benito Juárez. Quien manejaba los recursos económicos de la asociación civil, en su calidad de tesorera, era Irma del Carmen Ballesteros Corona, madre de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, entonces Secretaria de la Función Pública.
En segundo lugar, Silvia Valle Tépatl tiene una larga relación política con Morena y López Obrador. En 2011, cuando el Movimiento Regeneración Nacional se constituyó como asociación civil, ella fue responsable de Justicia y Pueblos Indígenas en el Comité Ejecutivo.
En 2012, se presentó una denuncia contra varias personas por promocionar a Morena —que no era partido político— con recursos provenientes de dos partidos políticos, Convergencia y del Trabajo. Valle Tépatl figuraba entre esas personas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió sancionar a esos partidos con la reducción de su financiamiento público.
En enero de 2019 Valle Tépatl firmó un contrato por 9266 pesos mensuales con la Secretaría de Bienestar para recabar información sobre las condiciones sociales y económicas de personas a fin de generar el censo del bienestar.
En mayo de ese año, Valle Tépatl presentó su declaración patrimonial de conclusión después de haber laborado como jefa de departamento en la Secretaría del Bienestar. En el portal de la Secretaría de la Función Pública no aparece la declaración de ingreso al servicio público, la cual debió presentar conforme al artículo 37 de la Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
Tres meses después, en agosto de 2019, fue electa comisionada de Mejoredu; en 2021 fue electa presidenta de la Junta Directiva y en 2023 fue reelecta en ese cargo con un salario neto de 125 986 pesos.
En tercer lugar, María del Coral González Rendón trabajó en la escuela primaria particular Manuel Bartolomé Cossío, plantel educativo donde estudió el hijo menor del presidente, Jesús Ernesto López Gutiérrez.
Según consta en la carta de recomendación expedida el 22 de junio de 2019 por la representante legal de la escuela Bartolomé Cossío, González Rendón fue maestra de la institución durante veinte años (1999 y 2019), atendiendo el grupo de 5.° grado de primaria, por lo que en el ciclo escolar 2017-2018 habría sido profesora de Jesús Ernesto López Gutiérrez y habría tratado a la señora Beatriz Gutiérrez Müller en calidad de madre de familia.
El 16 de enero de 2019, apenas mes y medio de iniciado el gobierno de López Obrador, González Rendón se integró directamente a la oficina de la Presidencia de la República con nivel de directora de área, con un salario de 49 827 pesos mensuales. A sus 61 años de edad, según consta en su currículum y declaraciones patrimoniales, era el primer cargo público de mando que ocupaba.
El segundo cargo de importancia lo ocupó seis meses después. En julio de 2019 fue electa comisionada de Mejoredu, función que desempeña desde agosto de ese año con un salario mensual neto de 125 986 pesos.
En contraparte, el comisionado Castro López ha sido diputado federal por el PRI en un par de ocasiones y cuenta con una larga trayectoria en la administración pública federal. En el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto fue director general del ISSSTE.
El comisionado Oscar Daniel del Río Serrano también ha hecho carrera en la administración pública federal. Es hijo de José Manuel del Río Virgen, un político veracruzano ligado a Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano. En el momento que Del Río Serrano fue electo comisionado de Mejoredu, su padre se desempeñaba como Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
Amenaza de extinción
El lunes 5 de febrero de 2024, López Obrador presentó un paquete de veinte reformas constitucionales entre las que se encuentra la extinción de organismos que, según el presidente, duplican funciones con otras dependencias. En la lista se encuentra Mejoredu, cuyos recursos irían a parar al Fondo de Pensiones para el Bienestar (otra propuesta de reforma constitucional).
El día 9 del mismo mes, la Junta Directiva envió un comunicado a funcionarios y empleados de Mejoredu. En él no se habla de la “extinción” del organismo, sino de su “transferencia” a la SEP. El mismo día, los comisionados Castro López y Del Río Serrano enviaron una nota expresando su desacuerdo con el contenido del comunicado y rechazaron que ésta fuera la posición de “toda” la Junta Directiva.
El 11 de febrero, Castro López y Del Río Serrano difundieron su posicionamiento sobre la probable extinción de Mejoredu. Cuestionaron la pretensión de transferir la institución a la SEP; sostienen que ambas dependencias tienen atribuciones y funciones distintas: la SEP diseña la política educativa nacional y Mejoredu evalúa el aprendizaje y elabora estudios e investigaciones destinados a identificar aspectos de mejora continua.
Afirman que pugnarán “porque en lugar de suprimir [a Mejoredu] y pasar sus atribuciones a la SEP, la legislatura se pronuncie por fortalecerla. No se puede entregar un organismo de esta naturaleza sin ponderar realmente su relevancia para el Sistema Educativo Nacional.”
El 9 de marzo enviaron escritos a diputados de las comisiones de Gobernación y Población y de Transparencia y Anticorrupción para destacar que Mejoredu es “el mejor producto de la reforma educativa de 2019”. Apuntaron que el Estado mexicano no puede renunciar a tener un organismo que impulse la evaluación diagnóstica, realice estudios e investigaciones y promueva la formación continua y el desarrollo profesional de los docentes como estrategia de mejora continua de la educación. El 9 de abril reiteraron este planteamiento en un foro en la Cámara de Diputados.
Desde principios de marzo, Del Río Serrano había reclamado a la comisionada presidenta, Valle Tépatl, que Mejoredu estuviera al margen del debate público sobre el proyecto de decreto que propone su desaparición.
Epílogo
Mejoredu cierra el sexenio de López Obrador en crisis, no sólo por la debilidad institucional expresada en la carencia de documentos normativos y la inoperancia de algunas instancias de gobierno, organización y funcionamiento, sino sobre todo por la amenaza de su desaparición. Para el comisionado Del Río Serrano la extinción de Mejoredu sería aceptar el fracaso de la reforma educativa impulsada por el gobierno de López Obrador.
La crisis interna de la Junta Directiva se expresa con claridad en la postura asumida frente a la iniciativa de reforma presidencial. Mientras los comisionados Castro López y Del Río Serrano emprendieron la defensa de la institución, las comisionadas afines a Morena y al gobierno de la cuarta transformación optaron por tranquilizar al personal, garantizar sus derechos laborales y exhortaron a esperar el curso del proceso legislativo.
Alberto Sánchez Cervantes
Profesor en educación primaria. Periodista independiente egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García