México: recorte a la educación superior en 2026

Antes de la entrega del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026, que incluye los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) había gran expectativa en el sector educativo; muchos alentábamos esperanzas de que ahora sí iniciarían los cambios anunciados como parte de la agenda del “segundo piso de la transformación”. Lamentablemente los datos del Paquete Económico indican que el Ejecutivo Federal decidió posponer la posibilidad de contar con instrumentos presupuestales que permitan no sólo dar cumplimiento al compromiso político de transitar hacia una “República Educadora, Humanista y Científica”, sino cumplir, por fin, el mandato del artículo 3º de la Constitución, que estableció a partir del 2019 el derecho humano a la educación superior. La realidad es que una vez revisado el Paquete Económico 2026, ambos temas: el compromiso político y la obligación constitucional, seguirán abultando la agenda de pendientes; y los motores del crecimiento económico sostenible y del bienestar social duradero continuarán operando a baja velocidad.

¿Qué propone el PPEF 2026 para educación superior?

El presupuesto federal para el sector educativo, considerando todos los recursos para educación en los diversos ramos del presupuesto, asciende a 1 billón 120,444 millones de pesos (clasificación funcional de gasto programable), monto que se incrementa 2.3 % en términos reales respecto a 2025. Sin embargo, como lo muestra la tabla 1, el PPEF 2026 anuncia reducciones de la inversión federal en educación superior y en ciencia, tecnología e Innovación, en sus diferentes clasificaciones.

Tabla 1

En la Gráfica 1 se muestra que el presupuesto federal educativo equivale a sólo 2.7% —como porcentaje del PIB estimado para 2026— es decir, el nivel más bajo en los últimos diez años. Con ello, México se mantendrá entre los países con menor coeficiente de inversión pública en educación no sólo de la OCDE, sino de América Latina y el Caribe.

Gráfica 1

Como se señaló en este mismo espacio, el rubro más relevante en el PPEF 2026 son los programas de becas en los tres tipos educativos; suman 186,334 millones de pesos, que representa un 36.3% del presupuesto del Ramo 11-Educación. Una proporción sin precedente que se logró en años recientes por la reorientación de los fondos provenientes de otros programas del sector, más que por un incremento real de los recursos para el sector educativo. La propuesta de presupuesto educativo para 2026 plantea incrementar los recursos asignados al Programa de Becas Rita Cetina de 78,849 millones de pesos a 129,386 millones de pesos; es decir, 50,545 millones de pesos adicionales, lo cual es posible a costa de aplicar recortes a la mayoría de los programas del Ramo 11-Educación.

Considerando los recursos asignados para educación superior y posgrado en todos los “ramos educativos” del PEF (es decir, los ramos 07, 08, 11, 25 y 33), el proyecto de presupuesto federal 2026 para educación superior suma un monto de 187,896 millones de pesos (curiosamente, monto similar al presupuesto de las becas para educación básica Rita Cetina). El presupuesto para educación superior propuesto para 2026 es menor en -4.7%, en términos reales, al aprobado en 2025.

Ello significa que el PPEF 2026 para educación superior comparado con el presupuesto ejercido en 2019, medido a precios constantes, implica una reducción de 32% en términos reales; esto es, casi una tercera parte. En los últimos ocho años, como muestra la Gráfica 2, el presupuesto federal para educación superior acumulará una reducción del orden de 83 mil millones de pesos.

Gráfica 2

México: Gasto Federal en Educación Superior, 2019-2026/py

Nota.- */De 2019 a 2024 gasto federal ejercido en educación superior. Para 2025 presupuesto aprobado y para 2026

proyecto de presupuesto. Valores reales calculados con el deflactor implícito de precios del PIB 2025=100.

Fuente: Elaborado con información de SEP, Informe de Labores 2025; SHCP, Cuenta Pública. Varios años;

PEF 2025 aprobado; Proyecto PEF 2026.

La sistemática reducción del financiamiento a la educación superior registrada a lo largo de una década coloca a México en su nivel histórico más bajo de inversión pública en educación superior respecto al PIB, como lo ilustra la Gráfica 3; asimismo, en el contexto mundial el país se ubica entre los países de la OCDE con menor inversión por estudiante en educación superior.

El PPEF 2026 plantea reducciones, en términos reales, para todas las instituciones públicas de educación superior, tanto federales como estatales. En el caso de las principales IES federales, UNAM, IPN y UAM, los montos asignados en el proyecto PEF 2026, registran reducciones de -1.7%; -3.0% y -1.7%, respectivamente. Esto se muestra en la Tabla 2.

En el caso de las universidades públicas estatales, el PPEF 2026 anuncia las siguientes reducciones:

• Universidades Públicas Estatales y Universidades Interculturales: -8.2%
• Tecnológico Nacional de México (IT Federales e IT Descentralizados): -5%
• Universidades Tecnológicas y Politécnicas: -2.8%
• Escuelas Normales públicas estatales: -1.7%
• Escuelas Normales de la Ciudad de México: -5.2%

Consecuencias de la desinversión en educación superior

La dramática caída de la inversión pública en educación superior se inscribe en el prolongado proceso de agotamiento y crisis del modelo de planeación y financiamiento de la educación, la educación superior, la ciencia, tecnología e innovación, que enfrenta el país desde hace tiempo.

Las instituciones de educación, académicos y especialistas alertaron reiteradamente sobre las consecuencias de dicho proceso. Precisamente, a partir de los análisis y diagnósticos del agravamiento de los problemas y rezagos en educación superior, en la transición de 2018-2019, las autoridades educativas y los diversos grupos parlamentarios acordaron impulsar cambios constitucionales y al marco jurídico de la educación superior, que alentaron expectativas acerca de la anhelada gestación de una nueva generación de políticas para el desarrollo de la educación superior.

La Ley General de Educación Superior (LGES), aprobada en 2021 por consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión —algo impensable en el contexto actual— incluyó una agenda amplia de cambios para avanzar en la transformación de la educación superior. Lamentablemente, la mayoría están pendientes o con escasos avances.

Entre las innovaciones más relevantes, la LGES incluyó en el título sexto un capítulo de financiamiento que establece un marco normativo que sienta las bases para que el Estado mexicano —en sus tres órdenes de gobierno— con la participación activa de las instituciones de educación superior, impulse una política de financiamiento de la educación superior con visión de Estado. Entre las disposiciones de la LGES en materia de financiamiento se precisó: la obligación de la Federación y las entidades federativas de concurrir en el cumplimiento del mandato de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior (artículo 62); asimismo, que el monto anual de recursos públicos que el Estado destine a la educación pública del tipo superior atenderá lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley General de Educación (LGE), es decir, equivalente a 8% del PIB, del cual 1% debe ser destinado a educación superior; y que dicho monto no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior. También precisa la obligación de crear el Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior (artículo 64). En los artículos transitorios de la LGES (fracciones 4 y 5), la Cámara de Diputados —responsable de aprobar el PEF— dispuso que dicho fondo debería incluirse en el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio 2022. Sin embargo, esto no ha ocurrido.

Gráfica 3

Notas.- / Las cifras corresponden al gasto federal ejercido en educación superior en todos los ramos del presupuesto.

Para 2025 presupuesto aprobado en el PEF 2025.

Para 2026 proyecto de presupuesto incluido en el Paquete Económico 2026.

Fuente: Elaborado con información del Primer Informe de Gobierno 2025. Presidencia de la República; y SHCP,

Paquete Económico para 2026.

Tabla 2

A pesar de las reiteradas gestiones y entrega de propuestas técnico-financieras para crear el Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior, mandatado en el artículo 3º de la Constitución y el artículo 64 de la LGES, la autoridad hacendaria no ha considerado prioritario su creación, ni como programa del Ramo 11-Educación, ni como fondo de aportaciones del Ramo 33. Ambas opciones técnicas fueron planteadas a la SHCP por la Subsecretaría de Educación Superior.

La omisión ha tenido graves consecuencias. Entre los ciclos 2018-19 y 2024-25, la desinversión pública en educación superior provocó el lento crecimiento de la matrícula de educación superior en las IES públicas en el contexto de la emergencia nacional (provocada por el estancamiento de la economía y la COVID-19), en el que se requería aumentar la inversión en educación, ciencia, tecnología e innovación, antes que reducirla.

El lento crecimiento de la matrícula de educación superior en las IES públicas —incluso retroceso en algunas instituciones como el Tecnológico Nacional de México y las Universidades Tecnológicas— provocó el incumplimiento de las metas gubernamentales de cobertura bruta en educación superior establecidas en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 (Tasa bruta de cobertura en educación superior o TBCES=50%) y del Programa Nacional de Educación Superior 2022-2024 (TBCES=48%). En el Primer Informe de Labores 2025 la SEP reporta que en el ciclo 2024-2025, la TBCES se ubicó en 45.1% y la tasa neta en sólo 31% de las y los jóvenes de 18 a 22 años.

A nivel nacional el proceso de desinversión en educación superior y la omisión en crear los instrumentos para ampliar la oferta educativa en el nivel superior, señalados en la LGES, tiene como consecuencia la ampliación de las brechas de cobertura en educación superior entre entidades federativas; la pérdida de capacidad de absorción de las IES públicas de los jóvenes egresados de educación media superior y el crecimiento acelerado de la oferta de servicios educativos de nivel superior de IES particulares. En el ciclo 2023-2024, a nivel nacional el índice de absorción de todas las IES públicas de egresados de educación media superior fue de 92 puntos, 53.8 puntos corresponden a las IES públicas y 38 puntos a las IES particulares como lo señala la Gráfica 4. Sin embargo, en algunas entidades éstas ya atienden a la mayoría de los egresados de nivel medio superior.

En los últimos seis años se observa un acelerado crecimiento de la participación de las IES particulares tanto en la oferta de programas de formación profesional, como de posgrado en todas las entidades federativa, principalmente en modalidades no escolarizadas, con escasa o nula regulación de la calidad y pertinencia de los servicios que ofrecen. En el ciclo 2024-2025, las IES particulares atienden a 38% de la matrícula en programas de formación profesional y 66% de la matrícula de posgrado.

Asimismo, en años recientes, la reducida proporción de recursos asignados a las IES públicas para apoyar los programas de posgrado se expresa en estancamiento, e incluso retroceso de la matrícula de posgrado en la mayoría de las entidades federativas.

Gráfica 4

Reflexión Final

Sin duda, México no puede ni debe seguir posponiendo la decisión de crear y fortalecer los instrumentos de política pública para dar cumplimiento al mandato constitucional de hacer efectivo el derecho de millones de jóvenes mexicanos hoy excluidos de la educación superior. La inversión en educación superior, ciencia, tecnología e innovación se encuentra en niveles que no corresponden a las aspiraciones nacionales y al compromiso presidencial de hacer de la educación, la cultura y el conocimiento factores clave de la prosperidad y el bienestar compartido. Es urgente revisar las verdaderas prioridades nacionales.

Héctor Ramírez del Razo

Analista. Entre 2013 y 2023 fue Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación (SEP); Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Educación Básica y Coordinador de Planeación, Evaluación y Estadística de la Subsecretaría de Educación Superior.