El Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie) organizó del 10 al 14 de noviembre su congreso bianual. Asistieron alrededor de 3 500 delegados entre profesores, académicas, investigadores y maestras de las diversas entidades del país. Es el encuentro de investigación educativa más importante del país, pues ahí se presentan los resultados de estudios sistemáticos y rigurosos sobre escuelas, aprendizaje, práctica docente y política educativa, entre otros temas.
Pese a que el Comie aún vive de sus tradiciones —congreso bianual, membresía cerrada, débil internacionalización, temor a tomar postura ante el régimen actual—, tuvo el acierto de organizar una “conversación” sobre las condiciones socioeconómicas del país que fueron reportadas en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que levantó el Inegi en 2024. Estas condiciones tienen profundas implicaciones educativas que es necesario discutir.
Código científico en riesgo
En primer lugar, subrayaría el hecho de relacionar los resultados de una encuesta nacional con la política educativa. Esto es un acierto debido al modelo de gobierno que desde hace siete años estamos construyendo. Medir y utilizar datos para sustentar el diseño e implementación de políticas y programas es cada vez más escaso. Con regímenes como los que se están eligiendo en México (y en varias partes del mundo) basta proponer medidas o programas populares o reivindicatorios sin pensar si dan o no resultados en términos de asegurar derechos.
Las mediciones rigurosas y válidas que se pudieran hacer ahora conviven con realidades alternas, “otros datos”, fake news y posverdad. La mentira es más atractiva que la verdad y es útil para gobernar, sólo que si una comunidad de investigadores acepta esto revierte su código de trabajo que es científico y empieza a ser más irrelevante para la sociedad, aunque ocupen puestos altos, ganen becas y emeritazgos.
Condiciones socioeconómicas e implicaciones educativas
Uno de los resultados más interesantes de la Enigh 2024 es el cambio en la composición de los hogares. Se reporta que el promedio de personas por hogar que son menores a 15 años ha disminuido de ocho años para acá y —a la par— ha aumentado el promedio de hogares con personas de 65 años y más. ¿Qué implicaciones educativas tiene esto a futuro? La transición demográfica representa tanto oportunidades para la política educativa como desafíos. Entre las primeras, puede haber, en el futuro próximo, una carga económica menor de los hogares para mantener a sus miembros en edad escolar. Del lado de los desafíos está revisar los enfoques educativos a lo largo de la vida a medida que hay más personas mayores en los hogares. ¿Qué habilidades estamos dispuestos y aptos para reaprender?, ¿cómo se organizará el Estado para ello? Esta pregunta habrá que responderla pronto con base en la experiencia internacional.
Otra implicación educativa que se puede deducir de los datos de la Enigh 2024 es en términos de distribución regional. El ingreso en el sector urbano creció 11 % de 2022 a 2024, mientras que en el sector rural sólo lo hizo en un 0.8 % en el mismo periodo. Si esta tendencia se mantiene, no es difícil prever que los jóvenes de hogares situados en localidades pequeñas se sientan más motivados a emigrar de sus comunidades hacia las grandes urbes. Esto significará atender poblaciones más diversas en las instituciones de educación superior y esperemos que éstas sepan modificar sus modelos curriculares, prácticas docentes, ambientes y reglas de evaluación para no dejar de ser fuentes de movilidad social.
Que el sector urbano se vaya consolidando es un patrón que siguen normalmente los países en desarrollo. No obstante, no pocas rectoras, rectores y tomadores de decisión han adoptado un enfoque popular pero ilusorio: querer “arraigar” a las personas en su lugar de origen. Por eso, ponen la primera piedra en zonas alejadas y abren universidades del “bienestar” esperando que la oferta genere demanda.
Si esta estrategia no se acompaña de una inversión suficiente y un modelo pedagógico de avanzada, no sólo será ineficiente sino también injusta. Segmentará a la población de jóvenes que tienen un mismo objetivo, pero con libertades reales diferentes. Unos, los mejor acomodados social y económicamente, podrán emigrar; los otros, no.
Tercera observación a partir de los datos de la Enigh 2024. Contrario a la creencia popular, el ingreso monetario promedio trimestral crece a medida que lo hace la dosis de escolaridad. Es decir, aquellos que estudian más, tienen un nivel de ingreso mayor. Sin embargo, la variación del ingreso entre personas que estudiaron un posgrado y quienes cursan una licenciatura de 2022 a 2024 fue menor (un 5 y 9 %, respectivamente). Es decir, aunque se gane más ingreso estudiando un posgrado, el cambio porcentual no es tan alto como en la licenciatura o incluso a nivel bachillerato (un 11 %).
Estos resultados sirven para revisar las teorías económicas clásicas como la del “capital humano”. De hecho, en países como Inglaterra, investigadores educativos empezaron a cuestionar los marcos que explican cuál es la función real de la educación dentro de los sistemas económicos. México podría iniciar ya una reflexión al respecto.
La teoría del capital humano que surge gracias a las observaciones de Adam Smith (1723-1790) y que luego sistematizan economistas como Gary Becker y Theodore Schultz en la década de los sesenta del siglo veinte, requiere un complemento de equidad y justicia. La Enigh 2024 muestra que las brechas de ingreso entre hombres y mujeres son pronunciadas, sobre todo en posgrado. Esto podría llevar a un equívoco: culpar a la educación por reproducir la desigualdad cuando lo que, a mi juicio, habría que hacer es estudiar y comprender mejor cómo interactúa el sistema educativo con el económico, laboral y cultural.
Política basada en el razonamiento
En la presentación de los resultados de la encuesta del Inegi, su personal aseguró que la maternidad “penaliza” más a las mujeres que la paternidad a los varones. ¿Qué salida práctica queda ante esto? Los datos son útiles porque pueden ser la base para la discusión y el “razonamiento público”, pero no pueden ser considerados como los únicos insumos para la acción y la política pública.
En el caso de las brechas de ingreso económico por género, valdría la pena discutir en cómo trabajar a escala práctica para que la maternidad no “penalice” a las mujeres. Para ello, se podría empezar poniendo sobre la mesa el hecho de que tener o no hijos parte de cierta racionalidad. Ésta puede ser parte de una elección razonada y no sólo de una influencia cultural o familiar, pero para ello habrá que cuestionar la asignación de roles de género, ampliar el sistema de cuidados y saber cómo operan ahora los Centros Educativos y de Cuidado Infantil que suplieron a las estancias infantiles para “madres trabajadoras” eliminadas en 2019.
Comprender entonces mejor las “racionalidades razonadas” de las personas para diseñar políticas más efectivas es un tema pendiente. Además de las mujeres, los datos de la Enigh nos permiten poner atención en otras poblaciones poco atendidas por las políticas educativas tales como la población afrodescendiente y las personas con discapacidad. No puede haber un sistema educativo justo y equitativo si se trata de atender a todas las personas de modo homogéneo. Este argumento ha sido repetido por diversos colegas del Comie, e incluso publicado en la prestigiosa revista que mantiene. ¿Qué tanto hemos avanzado?
Para que la educación tenga los efectos esperados y deje de reproducir la desigualdad, es primordial comprender y cambiar las dinámicas actuales con las que el sistema educativo se relaciona con los otros sistemas (laboral, cultural, y económico). La educación es una fuerza potente y real de cambio, pero no puede resolverlo todo por sí sola. Establezcamos entonces por medio de la deliberación pública reglas diferentes para aumentar su potencialidad y ampliar nuestras libertades.
Para finalizar, otro resultado de la Enigh 2024 que merece atención es la reducción de la desigualdad de ingresos, medida por el coeficiente de Gini. Esto es muy positivo y esperamos que sea sustentable. Para lograrlo, hay que preguntarnos cómo se relacionan mayores recursos y menos desigualdad de ingreso con mejores aprendizajes. Esto es poner atención a la multidimensionalidad que por años la tecnocracia en el poder subestimó.
Hace siete años se estableció que el aprendizaje iba a ser el “centro de la acción del Estado”, según la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Sin grandes protestas, la Cuarta Transformación desmanteló la política de calidad (o “excelencia”) basada en la evaluación de aprendizajes y algo peor: la Mejoredu y la SEP ocultaron los resultados de una evaluación de aprendizajes realizada para este fin, como en los tiempos del PRI.
El derecho a tener información pública se canceló. Dejamos entonces de saber de manera válida y confiable qué tanto aprenden o no niños, adolescentes y jóvenes del país. Con la Cuarta Transformación, pasamos del evaluacionismo del que hablaba el profesor Alberto Arnaut al oscurantismo.
Por sorpresa —y hasta donde se supo—, en el congreso del Comie en Monterrey no hubo posicionamiento alguno al respecto como sí existieron otros, cuando esta comunidad académica detectó errores en el diseño y la aplicación de la Reforma Educativa del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). ¿Por qué? Los investigadores no podemos juzgar con parcialidad los hechos. Esto contradice nuestro código científico y algo peor en términos prácticos: contribuimos a normalizar la desigualdad.
Pedro Flores Crespo
Profesor Visitante en el Boston College de Estados Unidos e investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro
Aprecido Dr. Pedro Flores-Crespo.
Luego de leer tu artículo suscribo dos puntos que considero relevantes y pertinentes. El primero de ellos radica —como lo has mencionado en otras ocasiones— en la importancia de contar con evaluaciónes que permitan medir la efectividad de la acción gubernamental, o el efecto de las políticas educativas, en la maximizacion del bienestar social o, en otra vía, el mejoramiento o la reorientación (corrección) del rumbo mismo de la política pública en materia educativa. Sin parámetros de medición, cualquier acción de gobierno estará inscrita en la retórica política, en este caso una retorica populista.
El segundo punto consiste en la integridad de la comunidad academica y cientifica que realiza investigación acerca de la educacion en México. Más allá del COMIE, sabes bien, un sector de la academia en el país dejó de enunciar y publicar sus críticas (razonadas, fundamentadas) a partir del 2019, de modo tal que, la corrupción que antes resultaba oprobiosa y nesesaria de mostrar desde Instituciones de Educacion Superior, en la actualidad el abuso del poder político y el uso ilegal de los recursos públicos ha dejado de pasar por el «pensamiento crítico» de ese sector de la academia, como si la deshonestidad del ejercicio de la funcion pública tuviese prerrogativa exclusiva de ejercerse con toda impunidad en el gobierno autodenominado de la «cuarta transformación».
análisis. Resulta evidente que no solo el sesgo ideológico ha operado en esos silencios de ese sector de la academia, sino tambien la connivencia, la deshonestidad intelectual y la usencia de integridad académica; en algunos casos, por supuesto, el temor de ser sometido al escrutinio público, incluso desde el púlpito presidencial. Reitero, lo que antes del 2019 no era así.
Hasta el 2018, lo sabes mejor que yo, la comunidad academica se pronunciaba públicamente frente a los actos de corrupción y otros ilícitos que cometía el gobiernos (federal o estatales) en el terreno de la educacion. A partir del 2019, parecería que ese sector académico dejó de «ver» lo que resulta evidente, y que, en consecuencia, claudicó al análisis ciéntifico del fenómeno educativo. Por supuesto con las honrosas excepciones —como es tu caso y el de otros colegas— de académicos que han mantenido congruencia y consistencia con la labor investigativa, con la ética de la investigación.
Me dio mucho gusto leer tu artículo, apreciado Pedro.
Abrazos.