Repensar el financiamiento de las universidades públicas estatales

Uno de los temas que más se ha discutido a nivel mundial últimamente es el acceso a la educación superior y cómo contribuye al desarrollo y al bienestar de los países. Por tal motivo, resulta fundamental para un país como México el contar con una amplia red de instituciones públicas de educación superior que ofrezca a la población oportunidades de acceso a una formación de calidad. En ese sentido, las universidades públicas estatales son, junto con las universidades nacionales y el Instituto Politécnico Nacional, la columna vertebral del sistema nacional de educación superior en México.

Ilustración: Estelí Meza

En los últimos años, las universidades públicas estatales han tenido que enfrentar una serie de problemas financieros graves; de hecho, once de ellas no están en condiciones de hacer frente a sus pasivos financieros (Autónoma de Baja California, Autónoma de Chiapas, Autónoma de Guerrero, Autónoma del Estado de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma del Estado de Morelos, Autónoma de Nayarit, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Veracruzana y la Autónoma de Zacatecas), teniendo dificultades incluso para cubrir la nómina. Esta situación, denunciada en varios medios, refleja la crisis financiera de las instituciones de educación superior, misma que  no ha sido resuelta a la fecha.

Los principales factores que han contribuido al deterioro de sus finanzas son: 1) Los recursos ordinarios que reciben no han crecido en términos reales en los últimos ocho años, salvo incrementos por inflación, sin embargo, en el mismo período éstas han crecido en matrícula, oferta académica y plantilla docente; 2) Los recursos extraordinarios, como los que se destinan a infraestructura, han sufrido una caída drástica en los últimos cuatro años; 3) El crecimiento en los pasivos derivado del mal diseño de los fondos de pensiones de los 60 y 70; 4) La baja aportación de muchos gobiernos locales al sostenimiento de las mismas, dejando la mayor parte de la carga en la Federación. El presente artículo se centra en la importancia de este último punto: resolverlo podría ayudar a aminorar los efectos que fueron enumerados.

En el siguiente cuadro se puede observar la disparidad entre el porcentaje de recursos que cada una de las 35 universidades públicas estatales recibe de la Federación.

Porcentaje de recursos federales que reciben las universidades autónomas estatales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el portal en transparencia

Los datos contenidos en la tabla se desprenden de las cifras reportadas por la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El promedio de financiamiento federal entre las 35 universidades públicas estatales es de 68 %. En el extremo superior de la tabla se ubican universidades como la Autónoma de San Luis Potosí, la Autónoma de Yucatán y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca: todas por encima del 89 % de financiamiento. En el extremo opuesto tenemos a cuatro universidades que reciben el 50 % de sus recursos de la Federación y el 50 % restante de sus entidades federativas: la Autónoma de Coahuila, la Autónoma de Occidente, la Universidad de Sonora y la Autónoma del Estado de México.

Mención especial requiere la Universidad Veracruzana (UV): en principio recibe de la Federación un porcentaje menor al 50 % —en concreto el 46. Sin embargo, desde finales del gobierno de Javier Duarte, quien se negaba a transferir los fondos federales que le tocaban a la universidad, la Federación decidió transferir los recursos federales y estatales directamente a la UV.

No existen razones objetivas para estas disparidades entre estados: los porcentajes no están ordenados en función de la capacidad económica de las entidades, de las matrículas o la calidad de las universidades. De hecho, hay entidades con alta y baja capacidad económica en ambos extremos de la tabla. En realidad, la determinación de los porcentajes ha sido producto de negociaciones entre autoridades federales, locales y las propias universidades —en algunos casos se obtuvieron condiciones más favorables que otras.

La determinación discrecional de los porcentajes de financiamiento, estatal y federal, tiene implicaciones directas en las finanzas de las universidades; tal como se registra en el portal de transparencia, en ocasiones los gobiernos de los estados no entregan sus aportaciones de manera íntegra o lo hacen fuera de los plazos establecidos. Por ende, aquellas instituciones que reciben un porcentaje de apoyo más alto por parte de la Federación pueden planificar mejor su ejercicio presupuestal. A esto debemos sumar la carga desigual que tienen que afrontar las entidades federativas.

Derivado de lo anterior, el presente artículo sugiere alternativas para pensar en un esquema de financiamiento más equitativo que redistribuya las cargas presupuestales. Existen al menos dos propuestas. La primera es fijar un porcentaje igual para todas las entidades federativas; la segunda sería establecer un porcentaje variable que tome en cuenta criterios como las condiciones económicas de cada entidad —la cobertura de la educación superior en la misma, y su presupuesto total— pero se establezcan límites inferiores y superiores que eviten las disparidades que se observan ahora.

Cualquiera de los dos escenarios, contemplando sus diferentes variantes, tendría como consecuencia el incremento en el porcentaje promedio de apoyo de los estados. Aun cuando en algunas universidades que se ubican en la parte baja de la tabla —como la Autónoma de Coahuila, la Autónoma de Occidente, la Autónoma del Estado de México, la Universidad de Sonora o la Universidad Veracruzana— podría pensarse en una disminución de la aportación estatal. De tal forma, el porcentaje de la aportación agregada de la Federación sería menor y habría un ahorro que podría destinarse a apoyar a las universidades e instituciones de educación superior a través de bolsas concursables.

Lo anterior se entiende mejor con un ejemplo. Optaré por el esquema más sencillo en términos expositivos, en donde se asume que todas las entidades aportan el mismo porcentaje, 40 %, y el 60 % restante lo aporta la Federación. En dicho escenario, la Federación pasa del 68 % al 60 % del financiamiento agregado; esta diferencia equivaldría a más de 7 302 millones de pesos. Si estos recursos se destinaran a las universidades a través de bolsas de recursos extraordinarios, podrían ayudar a financiar proyectos de infraestructura, fortalecer la planta docente o servir para el saneamiento financiero, siempre que existan compromisos de disciplina presupuestal en ellas.

En conclusión, una mejor distribución de las cargas entre entidades para el financiamiento de las universidades podría ayudar a resolver, o al menos aminorar, muchos de los problemas financieros que hoy enfrentan instituciones fundamentales para el futuro del país; en conjunto, las universidades estatales concentran la mayor matrícula de educación superior, un porcentaje muy importante de la oferta académica y, junto con las universidades nacionales, son las principales generadoras de ciencia, tecnología, cultura y conocimiento. Aun cuando la actual contingencia por covid-19 le impone a los estados y a la Federación una carga extraordinaria —que hace difícil pensar en otorgar más recursos a la educación superior—, las universidades y sus egresados han demostrado ser fundamentales en la atención de la pandemia y en aportar soluciones a muchos de los problemas que se derivan de la misma. Seguir apostando por ellas es una forma de garantizar como país la capacidad de respuesta a contingencias futuras.

Víctor Manuel Sánchez Valdés
Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila.