Hace tiempo que la calidad de la educación superior privada no ha figurado en las discusiones gubernamentales, políticas, académicas ni mediáticas en México. Lo que en algún momento fue tema recurrente en artículos de investigación y reportajes periodísticos, y una genuina preocupación para los gobiernos federal y estatales, se ha reducido a esporádicas notas sobre las malas prácticas de ciertas instituciones alrededor del país. Y aunque tales notas sirven de recordatorio de que existe un sector privado educativo que suele presentar problemas, la información sistemática sobre la calidad de la educación superior casi ha desaparecido del mapa.
¿Se acabaron las universidades “patito”?, ¿han dado fruto los ajustes que desde el año 2000 se han hecho al RVOE en pro de regular a las instituciones privadas?, ¿ha cambiado el panorama que lamentara Rodolfo Tuirán cuando sentenció que el 80 % de la matrícula privada no se ubicaba en programas reconocidos por su buena calidad?, ¿han servido de algo la acreditación y la evaluación? En fin, ¿ha dejado de ser un problema la calidad de la educación superior privada tal y como lo fue hace veinticinco o treinta años?, ¿qué futuro podemos visualizar al respecto en el marco de la 4T y de la expedición de la nueva Ley General de Educación Superior?
Pasado
El pasado de la educación superior privada en México —entendido aquí como los primeros veinticinco años a partir de la expansión (1990-2015)— se caracterizó por el crecimiento acelerado, desordenado y masivo de instituciones. De forma creciente, el terreno que había sido dominado por instituciones tradicionales de élite y religiosas se vio proliferado por instituciones seculares, no elitistas y orientadas a la absorción de la demanda. Éstas se caracterizaron por desplegar una tendencia atomizada (es decir, instituciones pequeñas, dispersas e independientes) y por concentrar su oferta en no más de dos disciplinas, particularmente de bajo costo. Los primeros diez años del periodo el número de instituciones privadas creció más de tres veces (258 %), con una apertura promedio de 54 instituciones por año; en los siguientes quince, el crecimiento fue de 143 % y la apertura promedio de setenta instituciones por año.
Las preocupaciones alrededor de la calidad de la educación superior privada en este tiempo giraron en torno a la emergencia y proliferación de “instituciones patito”. Destacaron los debates relacionados con su dudosa calidad, en términos de sus recursos precarios, de su limitado contenido académico-disciplinar y de su evidente orientación comercial. Se discutieron también el marco normativo y la ausencia de regulación; se criticó el papel del gobierno y las autoridades en la expansión de estas instituciones, atribuyéndoseles la responsabilidad de implementar mecanismos de autorización laxos, de la ausencia de supervisión y de la falta de controles de calidad.
En ese contexto, la acción gubernamental estableció la institucionalización del RVOE a inicios de la década del 2000. El gobierno “reconoció” el problema de la expansión y expidió el Acuerdo Secretarial 279, que estableció los requisitos que las instituciones privadas deberían cumplir para ser legalmente autorizadas. Tales requisitos pusieron énfasis en la idoneidad de la oferta y contemplaron ámbitos como las características de las instalaciones, el perfil del personal académico, las características de los programas, el contenido de las asignaturas y la normatividad institucional. Además, el Acuerdo formalizó como instancias autorizadoras oficiales a la SEP, a las secretarías de educación de los estados y a algunas IES públicas con atribuciones de incorporación. Todas estas disposiciones operaron sin cambios hasta 2017 y fueron determinantes para la configuración de la educación superior privada en el presente.
Presente
Más o menos desde 2015, la educación superior privada se ha caracterizado por un crecimiento matricular extraordinario en términos netos: tan sólo en ocho años creció cerca de 600 000 estudiantes (cantidad mayor a lo que creció en setenta años, entre su origen en la década de los treinta y el año 2000). Las instituciones también han crecido, pero la tendencia es distinta: lo que fuera un panorama atomizado parece transitar hacia lo que algunos han identificado como “corporativización silenciosa”. Esta tendencia es liderada por corporativos nacionales e internacionales de la talla de Laureate Education Inc., Nacer Global, Lottus Education y Red Univercom. A esta tendencia se le suman la expansión territorial —con una fuerte movilización hacia zonas no metropolitanas— y la incursión a otros niveles educativos, resultado de estrategias de demanda cautiva. Las cifras: presencia generalizada en todos los estados del país (lo que incluye 408 municipios), una oferta de 42 000 programas autorizados y una cobertura de posgrado que alcanza 68 %.
Si bien sigue vigente el tema de las instituciones patito, la calidad en la educación superior privada involucra otras dimensiones. Se ha criticado la prevalencia de fraudes y malas prácticas en algunos segmentos de la oferta privada, y se ha cuestionado que el instrumento pensado para ordenar la expansión se haya convertido en uno de sus principales alicientes. El otorgamiento masivo de autorizaciones, así como la operación sin RVOE de decenas de establecimientos han sido hechos representativos en este respecto. Por otro lado, se ha criticado la falta de voluntad política para establecer un marco regulatorio que contemple diferencias entre instituciones con y sin fines de lucro, y se ha cuestionado el alcance real de la acreditación y la evaluación —que han sido dos de los dispositivos oficiales de aseguramiento de la calidad desde hace tres décadas.
En el presente, la acción gubernamental ha sido modesta; lo más llamativo es la integración de un plan de mejora institucional al RVOE en 2017, que ofrece beneficios de simplificación administrativa a cambio de participar en la acreditación. Tal estrategia ha dado pocos resultados; de hecho, investigaciones desarrolladas bajo el marco de The Program for Research on Private Higher Education (PROPHE) han constatado que la acreditación ha sido irrelevante para el desarrollo y funcionamiento de las instituciones privadas en México —y por tanto— poco significativa para dar cuenta de su calidad. Hoy en día, sólo 78 de casi 2 500 instituciones privadas tienen algún programa acreditado o evaluado; 96, alguna acreditación institucional. En seis de cada diez instituciones privadas que acreditan o evalúan sus programas, éstos no representan más del 25 % de su oferta. Además, esta mínima oferta tiene una concentración considerable (57 %) en cuatro áreas: Administración y Negocios, Ciencias Sociales y Derecho, Tecnologías de la Información y Comunicación, y Servicios, las mismas áreas de las que ha dependido la proliferación de instituciones de dudosa calidad y por lo que han sido tachadas de “mercantiles”.
Futuro
El futuro podemos visualizarlo en el contexto de la expedición de la Ley General de Educación Superior (LGES), así como de la puesta en marcha tanto del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior como de la Política Nacional de Evaluación y Acreditación. La primera, celebrada como “hito histórico” para la gobernanza del sistema de educación superior mexicano, tras décadas de funcionar bajo un marco normativo fragmentado y disperso. Las segundas, medidas de la 4T para “transformar” el aseguramiento de la calidad en la educación superior mexicana, cuya visión a 2030 es consolidar procesos de mejora continua integral mediante la aplicación de distintos procesos de evaluación, así como de la integración de criterios transversales “diferenciados”, “contextualizados” y “participativos”, que incluyen cosas como “la interculturalidad”, “la inclusión”, “el género” y “la vanguardia”, entre otros.
Desde el momento en el que se han puesto en marcha tales iniciativas, y hasta 2030, podemos prever que la trayectoria de la educación superior privada seguirá marcada por el crecimiento matricular y la expansión territorial, aunque con tendencias algo distintas. Cálculos tendenciales estiman que, si bien la cobertura del sector privado puede alcanzar entre el 39 y 45 %, la matrícula neta presentará despegues importantes de entre 58 y 88 000 estudiantes por año. Se prevé también que la apertura de instituciones frenará su ritmo, pero la creación de programas seguirá una tendencia acelerada, con un fuerte empuje de la oferta mixta y en línea. Se estima que este tipo de oferta podrá crecer hasta un 52 % y que concentrará 46 % de la matrícula privada de licenciatura y 76 % de posgrado, cifras que contrastan con los actuales 38 % y 65 %, respectivamente.
Los problemas alrededor de la calidad que parece cobrarán fuerza tienen que ver con la protección al consumidor y la desregulación territorial (sobre todo la “difuminación” de los límites jurisdiccionales de las instancias autorizadoras), ambas relacionadas con la expansión de la oferta mixta. Es previsible que se agraven también los viejos problemas sobre la baja calidad de los programas y los contenidos, poniendo en duda el funcionamiento de instituciones privadas cuyas estructuras son integralmente virtuales (campus, aulas, asignaturas, recursos, entre otros).
Parece no haber un pronóstico optimista respecto a la acción gubernamental. De entrada, la formulación de la LGES deliberadamente dejó pasar la oportunidad de establecer orientaciones serias para “transformar” la educación superior privada y mejorar su calidad. Los legisladores se limitaron a hacer ajustes “cosméticos” y a reproducir el contenido de las prescripciones del RVOE ya establecidas.
Pero lo más importante es que la Política Nacional de Evaluación y Acreditación parece tener las mismas características de políticas que han fracasado en el pasado, tenido resultados limitados o caído en la simulación: son estructuralmente complejas, tienen narrativas rebuscadas y confusas, establecen definiciones elusivas y proponen criterios excesivos o poco materializables. Además, la política mantiene una naturaleza voluntaria, lo que no augura una participación consistente del sector privado (tal como sucedió con la acreditación y la evaluación en los pasados treinta años). Los primeros avances de la política presentados unos meses atrás ya muestran que la participación del sector privado en los procesos de autoevaluación fue modesta, apenas de 118 instituciones.
Detrás de todo lo anterior estarán, como siempre, las inquietudes sobre el papel real del sector privado, no sólo en términos de calidad sino de oportunidades (aspecto del que otros autores han dado cuenta negativa). Cierro con unas cifras para tomar en cuenta: cálculos hechos por PROPHE sobre la capacidad real de los sistemas de educación superior globales advierten que el crecimiento experimentado por la oferta privada en México durante 2010-2024 (crecimiento institucional del 53 % y de programas del 131 %) ha significado un crecimiento de apenas 9 % en los lugares efectivos del sistema. Estas cifras no sólo nos invitan a desconfiar de la creencia de que la expansión y masificación de la educación superior privada implican la apertura de oportunidades, sino que nos advierten sobre una realidad inevitable: cuando un crecimiento exponencial de la oferta no va acompañado de la creación espacios educativos reales, estamos ante la consolidación de un sector privado conducido por el mercado, donde el acceso educativo y la creación de oportunidades se subordinan irremediablemente a lógicas de consumo y producto.
Eduardo Navarro
Integrante del The Program for Research on Private Higher Education, State University of New York en Albany, Estados Unidos.
la SEP no tiene personal capacitado más que s nivel secundaria? para llevar acabo una supervisión, son gente de escritorio y no salen de su oficina, hablar de supervisión de formación para el trabajo, bachillerato. preparatoria (no confundir son en esencia diferentes), e instituciones de educación superior como. tecnológicos, colegios. universidades, etc. es hablar de un planeta que no existe fuera de tres oficinas por cada una de las entidades federativas. PARA LA SEP DE FACTO, no existen esos niveles educativos, solo de jure.
La SEP no tiene personal capacitado suficiente, más que a nivel ¿secundaria, quizas? para llevar acabo una supervisión requiere personal que no sean normalistas, si no universitarios, ellos son gente de escritorio y no salen de su oficina, hablar de supervisión de formación para el trabajo, bachillerato. preparatoria (no confundir son en esencia diferentes), e instituciones de educación superior como. tecnológicos, colegios. universidades, etc. es hablar de un planeta que no existe fuera de tres oficinas por cada una de las entidades federativas. PARA LA SEP DE FACTO, no existen esos niveles educativos.