Los desafortunados hechos acaecidos en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey el pasado 18 de enero han dado lugar a una variedad de reacciones por parte de la sociedad mexicana. Entre éstas, destacan las de los periódicos de circulación nacional, que esta vez parecieron más cautelosos que lo que lo son frente a este tipo de sucesos. Se trató de la primera vez que un joven disparó a una maestra y a sus compañeros en territorio mexicano y en una escuela privada (conformada básicamente por estudiantes de clase media). Casos como éste eran cosas que ocurrían en Estados Unidos o en países desarrollados. No en México, donde prevalecen otras formas de violencia, por ejemplo el bullying, o formas de discriminación cotidiana por alguna característica propia de las víctimas como el color de la piel; la violencia unida al “relajo” o a juegos donde los alumnos suelen decir “el que se lleva se aguanta”.

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De forma inmediata, los más altos funcionarios que tienen que ver con la vida escolar reaccionaron ante el suceso. El presidente divulgó a través de las redes sociales un video en donde lamentó el insólito acontecimiento. El secretario de educación –Aurelio Nuño– se solidarizó con las familias afectadas y el secretario de gobernación –Miguel Ángel Osorio– hizo lo propio. Además de lo anterior, pronto comenzaron a tomarse medidas que ocasionaron polémica. Concretamente las autoridades reaccionaron reviviendo el operativo Mochila segura destinado a disuadir el acceso de armas (según se dijo). Concretamente, el secretario Nuño afirmó que el programa Mochila segura se impulsa en todo el país: “aunque no es la solución, sí representa una medida disuasiva”. Lo anterior lo señaló tras una vista a los familiares de las víctimas del tiroteo en el Colegio Americano Noreste de Monterrey, Nuevo León. Además, dijo que su aplicación se realizará con respeto a los derechos humanos. “Nadie puede -resaltó- renunciar a su responsabilidad para disminuir la violencia”.

Dentro de algunas de las expresiones más inmediatas a estas acciones gubernamentales, destaca el comentario crítico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que bajo el siguiente encabezado publicó un comunicado de prensa: “Exige CNDH respetar los derechos de niñas, niños, adolescentes y de la comunidad escolar en las medidas de prevención y erradicación de la violencia en los centros escolares”. Y arranca con la siguiente idea: “la construcción de entornos seguros y la protección de la niñez y adolescencia son responsabilidades compartidas de las autoridades, familias, comunidad escolar y la sociedad”. Luego de una serie de consideraciones impecablemente redactadas, cierra el texto con las siguientes palabras: “el Estado está obligado a brindar a los jóvenes espacios de recreación y desarrollo la respuesta no es como sugieren en algunas voces ‘la militarización de la educación’, sino atender de manera integral a la niñez y juventud; implementar acciones efectivas para revertir el clima de inseguridad y violencia que se vive en varias regiones del país y trabajar para generar una cultura de respeto a los derechos humanos, que rechace todo tipo de violencia, su apología, esquemas de discriminación, exclusión y estereotipos, muchas veces, exaltados por los medios de comunicación”.

Lo que ambas posturas —la gubernamental y la de la CNDH— muestran es que hay una diferencia de enfoques. Uno es el de recurrir a acciones ya probadas (Escuela segura) y que según algunos autores fueron un total fracaso, siendo mayores los perjuicios que tuvo, que los beneficios que su práctica logró. Se sabe que los alumnos vivieron con un alto impacto la experiencia, al punto que identificaban el programa con la sola acción de revisar las mochilas, a pesar que ésta era sólo una de las actividades del programa. Lo cierto es que no hay investigaciones que permitan ponderar los efectos de la presencia de la policía en las escuelas, que fue una de las modalidades de de implementación del programa Mochila segura; al menos en algunos estados de la república se puso en práctica de este modo.

Aquí vale la pena hacer un paréntesis y mencionar que, en Francia, Eric Debarbieux —el principal especialista en violencia escolar— acaba de presentar un informe sobre 40 años de relaciones complejas entre la educación nacional y las fuerzas de seguridad. Sería muy bueno replicar el estudio en México; me propongo la tarea de difundir la idea.

Volviendo a los hechos de Monterrey, cabe destacar el papel, al parecer determinante, que jugaron ciertas redes sociales en las que, aparentemente, el joven autor de la masacre anunció que llevaría a cabo una acción que provocaría bastante polémica. Se trata de presuntas agrupaciones en las que supuestamente participan miles de jóvenes. Los grupos que participan no organizan los golpes, sólo incitan y divulgan. A partir de la masacre de Monterrey se abrieron páginas en las que el autor del tiroteo es presentado como un “héroe”, que incluye su suicidio (con lo que además se privó a las autoridades de obtener una declaración de motivos). Toda esta situación ha dificultado más la investigación de los hechos y ha abierto un espacio para las conjeturas.

Es claro que todos tienen derecho a emitir una opinión sobre el suceso, pero recomendaría tomar en cuenta lo siguiente: el fenómeno de la violencia es complejo, por lo tanto es preciso considerar diversos niveles de análisis. La descripción del caso tiende a presentar el comportamiento individual respondiendo a una suerte de estado mental relativamente “anómalo”. Se dice que Federico estaba siendo tratado por depresión. También se conjetura que había sido objeto de bullying. Sin embargo, algunos de sus compañeros dicen que era un chavo “totalmente normal”. La familiaridad con el arma de fuego se atribuye a que el padre es aficionado a la caza, afición compartida con el homicida. La participación en los grupos de chat por internet es una faceta que sin duda tiene importancia. Una labor será corroborar y depurar estas informaciones hasta conformar una descripción válida del hecho, de los movimientos previos de este joven y, aún más importante, de sus posibles motivaciones.

En un segundo momento está el necesario análisis que se debe hacer de la institución, porque la maestra es una de las heridas graves y se tendría que explicar por qué el ataque hacia ella. ¿Se trató de una casualidad que estuviera allí, o fue un gesto calculado, premeditado? ¿Cuál era la relación que mantenía este joven con las autoridades de la escuela y con la comunidad en general? Una información periodística señalaba que este muchacho había sido expulsado de otro colegio. Habría que corroborar ese dato y verificar si se sabe el por qué. También se tendrán que indagar las relaciones del autor del ataque con sus compañeros del grupo y con los profesores. En fin, son muchos los escenarios a estudiar. Si se quiere contar con la versión más completa posible, entonces se requiere tiempo, recursos y miradas expertas.

Para concluir, este lamentable incidente nos tendría que llevar a debatir sobre temas más profundos respecto a las relaciones entre los jóvenes y las escuelas y a respondernos preguntas del tipo ¿cómo se construyen los espacios que tienen los alumnos para ser escuchados en las escuelas? o ¿en qué medida se puede lograr que tanto alumnos como maestros y padres de familia se sientan parte de una comunidad escolar? Algunas de estas interrogantes, desde luego, son temas pendientes de la comunidad y la investigación educativas.

Alfredo Furlán Malamud es profesor de tiempo completo de la UNAM.