El principal argumento para las reformas y creación de leyes, y toda la serie de lineamentos derivados, que se ha designado como reforma educativa, es la búsqueda de la calidad en la educación.

El artículo 3º de la Constitución dice en el tercer párrafo: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.” A su vez, el Artículo 8 de la Ley General de Educación dice que: “será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.” Lo cierto es que pensar que a través de las disposiciones legales y administrativas se mejorará la calidad de la educación es sólo un aspecto, de lo que puede transformar a la educación.

evaluacion

Dos palabras dominan el panorama de la educación en la actualidad, evaluación y calidad, se presentan hermanadas, como si una llevara automáticamente a la otra.

Pensar la evaluación como una actividad que implica una medición y un juicio de valor, se presenta como condición para cualquier mejora. En un texto titulado “Revisiones de la OCDE sobre la Evaluación en Educación” (2014) que coordinó Paulo Santiago, se hacen una serie de observaciones a los procesos de evaluación que se realizan en México, como ejemplo, que las evaluaciones se usen de manera distinta a los propósitos para las que fueron creadas, como la prueba Enlace y su relación con los estímulos al trabajo docente. El informe divide con claridad la evaluación que se refiere a los alumnos, la de profesores y la de los centros escolares.

La evaluación que tiene angustiados a los profesores mexicanos es la que tiene que ver con la permanencia y promoción en el ejercicio docente. Aunque la Ley General del Servicio Profesional Docente dice en su Artículo 15: “la evaluación interna deberá ser una actividad permanente, de carácter formativo y tendiente al mejoramiento de la práctica profesional de los docentes y al avance continuo de la Escuela y de la zona escolar”. Dicha evaluación se llevará a cabo bajo “la coordinación y liderazgo del director. Los docentes tendrán la obligación de colaborar en esta actividad.” El problema es que hasta la fecha, no se tiene claridad de cómo se llevará a cabo dicho proceso, principalmente lo referente al carácter formativo y tendiente al mejoramiento de la práctica profesional. Evaluar la práctica profesional de los docentes con el propósito de conocer el impacto educativo que tiene en el aprendizaje de sus alumnos, es algo complejo. A los egresados de las escuelas normales se les aplica una prueba de papel y lápiz para conocer si son los mejores aspirantes a las funciones docentes. Lo cierto es que la práctica docente es un proceso que se desarrolla en situaciones diversas e inciertas. Donde influyen factores como el número de alumnos, la condición socioeconómica y cultural de los padres, sus aprendizajes antecedentes, etc. La práctica educativa hay que evaluarla en la práctica contextuada.

Para lograr la calidad debemos ver qué pasa con los objetivos, los procesos y los resultados educativos, conforme a la eficacia, la pertinencia y la equidad. Es cierto, que los docentes reciben un sueldo por realizar su actividad profesional educando a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Pero es sólo una parte del total de influencias y procesos educativos a los que están expuestos. Los padres de familia, los medios de comunicación, las autoridades educativas, y otros actores también tienen ámbitos de responsabilidad en dichos procesos. Considero que lograr una educación de calidad implica por lo menos: primero apoyar y estimular a los maestros para desarrollar las mejores prácticas, con la claridad que quienes nos dedicamos a la educación confiamos en nuestra capacidad de transformación y mejora. Los maestros podemos, con capacitación pertinente mejorar nuestras prácticas; segundo, quien desde la legislación y administración quiera mejorar la educación deberá garantizar y facilitar las condiciones para que los docentes realicen su tarea educativa, regularmente, los buenos maestros no necesitan muchos formatos de control y más sanciones; tercero, la educación es un conjunto de acciones articuladas en prácticas que transforman lo que saben, lo que pueden hacer y lo que se quieren los alumnos. Mientras se ofrezcan dispositivos tecnológicos que se cambien constantemente, programas que no se entiendan, y se pida realizar actividades administrativas de diversa índole es probable que los docentes sigan tratando de educar como mejor puedan. Quienes controlan y evalúan sólo piensan en cómo facilitar sus actividades (formatos, procedimientos por internet, elaboración de portafolios, rutas de mejora, etc.) pero NO si eso redundará en mejores procesos educativos en las aulas. Siguiendo esa lógica, lo más probable es que la calidad se aleje cada vez más.

 

Juan Campechano Covarrubias es miembro del Colegiado Nacional del Desarrollo Educativo, Cultural y Superación Profesional del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE