Los sistemas de formación que existen en México —educación para el trabajo, educación media superior, educación superior y la educación para adultos— no han podido seguir el ritmo a la transformación tecnológica del sector productivo que requiere cada vez más habilidades digitales y habilidades blandas como la resolución de problemas complejos, el trabajo en equipo o la creatividad. Los planes de estudio, las herramientas y las metodologías pedagógicas no se han modernizado ni adaptado a las necesidades actuales. En el caso específico de los sistemas de educación para el trabajo también se han quedado atrás; un dato relevante es que sólo el 26% de los egresados del CONALEPopina que su carrera les ayudó a conseguir un trabajo satisfactorio. Lo anterior significa que estos sistemas no están ofreciendo una salida satisfactoria al mercado laboral, lo que refuerza la tendencia de empujar a un amplio sector de la población económicamente activa hacia el sector informal (que no cuenta con seguridad social, que tiene niveles mucho más bajos de productividad y que no contribuye con impuestos sobre el ingreso).

Por otro lado, la aspiración a ser universitario por parte de la gran mayoría de la población y ocupar puestos directivos contrasta con la realidad económica mexicana que demanda cada vez más trabajos con calificaciones intermedias. Una manera en que esto se ve reflejado es que 45% de los jóvenes profesionistas empleados de entre 25 y 29 años trabajan en ocupaciones no profesionales y al mismo tiempo el 30.9% de las empresas reportan tener dificultades para encontrar candidatos aptos, según datos de la OCDE. Cuando observamos a los graduados de ciencia y tecnología, México ocupa el lugar 19 de 127 del Global Innovation Index; sin embargo, según datos del Conacyt sólo el 58.4% del acervo de recursos humanos en ciencia y tecnología está ocupado en esta área, lo cual implica que una parte importante de estas personas está realizando labores en otras áreas, se encuentra inactiva o está desempleada. Este fenómeno se ve reforzado por algunas élites políticas que entienden que el derecho a la educación se cumple si se garantiza el acceso a educación universitaria a toda la población independientemente de la calidad (en todos los niveles), la orientación vocacional de las personas y las necesidades del sector productivo del país. Esta visión puede llevar a dos resultados: (1) ejercer un gasto regresivo, pues en el sector de la población que tiene la oportunidad de llegar a la educación superior están sobrerrepresentados los deciles de ingreso más altos, y a (2) un uso ineficiente de los recursos, pues se utiliza una gran cantidad de éstos para formar a gente que no utiliza sus conocimientos y habilidades en su actividad profesional.

Ilustración: Víctor Solís

Además, la revolución tecnológica que atravesamos actualmente (la digitalización y automatización) presenta grandes retos para el mundo del trabajo. Estamos observando el reemplazo de trabajos rutinarios y de poca calificación por la automatización y una sustitución de muchas actividades de tipo administrativo por aplicaciones digitales (en México este proceso ha sido relativamente lento debido a los bajos salarios, pero el país no estará excluido de este fenómeno). Esto significa que muchos de los trabajos rutinarios serán sustituidos gradualmente por la tecnología y, al mismo tiempo, surgirán nuevos empleos con mayor grado de complejidad que requerirán de nuevas habilidades (resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración) que deben estar respaldadas por habilidades fundamentales en lectoescritura, matemáticas, ciencias y sólidas competencias digitales.

Ante esta perspectiva surgen dos preguntas: ¿qué dirección se debe tomar para dotar a los jóvenes de habilidades relevantes para un desempeño exitoso en el mundo laboral? Y, ¿hacia dónde deben avanzar los sistemas de formación para el trabajo en México? Primero, es necesario reformar las estructuras rígidas hacia sistemas flexibles y descentralizados que se puedan adaptar y respondan a las necesidades de los contextos locales y las tendencias globales simultáneamente. Además, es necesario desarrollar sistemas de formación permanente especialmente para los adultos y cambiar el paradigma de que se termina de aprender en cuanto se abandona la escuela. Las habilidades digitales deben ser un tema central en los sistemas de formación, pues jugarán un papel cada vez más importante para el desarrollo de cualquier actividad profesional. Otro tema importante es que el sistema educativo básico debe ser reformado para garantizar a cada una de las personas que lo cursan las habilidades cognitivas básicas para su desarrollo. Una transformación de este tipo debe poner a los profesores en el centro para que cuenten con condiciones dignas de trabajo y tengan una estructura de incentivos que promueva la calidad, el compromiso, la capacitación y la actualización. De la formación técnica profesional —y las escuelas técnicas en general— se deberían revisar los planes de estudio, los equipos y la tecnología que se utiliza, así como la actualización continua de los profesores y la vinculación de este sistema con el mercado laboral.

Otra gran oportunidad es la educación dual, que combina aprendizajes teóricos en escuelas y aprendizajes prácticos o vivenciales en los centros de trabajo. Esta combinación tiene grandes ventajas, pues los conocimientos teóricos son reforzados con los conocimientos prácticos; se genera una relación cercana entre los jóvenes y los empleadores; aumentan considerablemente sus perspectivas de empleabilidad; los jóvenes adquieren habilidades y certificaciones relevantes para el trabajo y su desempeño profesional para el resto de su vida, además de aumentar sus perspectivas salariales. La implementación del sistema de educación dual en México se inició ya hace algunos años con la participación de diversos actores como la cooperación para el desarrollo del Gobierno alemán (GIZ), la cooperación para el desarrollo el Gobierno japonés, la COPARMEX, la SEP, o empresas como Volkswagen, Audi y Toyota. Sin embargo, aún no resulta evidente cuál es la mejor estrategia para replicar e implementar este sistema en México (hacen falta más estudios al respecto). Un tema relevante para el diseño de esta estrategia es que debe tomar en cuenta la naturaleza del mercado laboral en nuestro país, poniendo especial atención al mercado informal y el autoempleo. Es importante diseñar programas orientados específicamente para este grupo de personas que representa casi el 60% de la población económicamente activa.

Tres actores son relevantes para que estos planes funcionen: los gobiernos, las empresas y los sindicatos. Los primeros requieren de mostrar voluntad política para desarrollar propuestas efectivas y generar las condiciones adecuadas. Las empresas deben transformar la concepción que tienen de la capacitación, y deben entenderla como una inversión y no como un gasto. Es importante que los sindicatos desarrollen una visión estratégica sobre el papel que deben jugar en el diseño y la implementación en este tipo de sistemas. La capacitación debería ser una de las prioridades de su agenda, pues proporciona a los trabajadores con nuevas habilidades, aumenta su  poder de negociación y sus posibilidades de adaptarse al cambio tecnológico que estamos atravesando.

Como se sabe, el gobierno que está por iniciar ha propuesto desarrollar el programa Jóvenes construyendo el futuro, que se presenta como una oportunidad para: (1) colocar el tema de la empleabilidad de los jóvenes en el centro de la agenda nacional; (2) establecer la capacitación y el aprendizaje en el trabajo para los jóvenes como algo prioritario; (3) destacar la necesidad de trabajar con el sector empresarial de manera coordinada; (4) poner sobre la mesa la figura de los tutores en el centro de trabajo; (5) resaltar la importancia de las certificaciones para que los jóvenes puedan demostrar las habilidades que han adquirido en el transcurso del tiempo. Sin embargo, el planteamiento que se ha hecho hasta el momento presenta algunas deficiencias que podrían convertirse en riesgos para su exitosa implementación: En primer término, no presenta una estrategia clara para capacitar a los tutores de los jóvenes; esto es muy relevante pues son un actor central para el éxito de este tipo de programas. En segundo lugar, no contempla una estrategia para crear centros regionales de capacitación para los jóvenes que les proporcionen habilidades básicas para incorporarse al mundo laboral (como seguridad, comportamiento en el trabajo y responsabilidad) y que sirvan como vínculo entre los jóvenes y los mercados de trabajo regionales. Otros posibles problemas del programa son que  no hace referencia a la creación de una estructura institucional robusta ni presupuestaria para la operación del programa y no contempla la articulación entre conocimientos teóricos (impartidos en instituciones educativas) y conocimientos prácticos. Este último punto representa grandes retos, pues implica el trabajo coordinado entre escuelas y empresarios —y secretarías de Estado— y la creación de perfiles alineados con la demanda de trabajo regional para lo que tendrían que participar instituciones educativas, empresarios y representantes de los trabajadores.

Por último, la experiencia internacional muestra que la implementación de este tipo de sistemas lleva mucho tiempo, probablemente más de dos décadas, como otro texto en este espacio también lo comentó. Es por esto que se debe tener una visión de largo plazo, tener paciencia y construir mecanismos de implementación que trasciendan los periodos políticos. Esto es complicado porque a pesar de los potenciales retornos sociales que pueden tener estos programas, su implementación es lenta y costosa y los resultados no son observables en el corto plazo. La innovación y el fortalecimiento de los sistemas de formación profesional tienen el potencial de generar importantes impactos positivos para la sociedad mexicana —disminuir los niveles de desempleo (específicamente de los jóvenes), elevar los salarios, la competitividad y productividad y disminuir los niveles de informalidad, entre otros— sin embargo, implementar sistemas de este tipo presentan grandes retos que hacen difícil su implementación a una escala nacional:  son costosos, implican una compleja coordinación interinstitucional y una diversidad de actores, son trans sexenales y los resultados no son observables en el corto plazo.  Es por ello que resulta indispensable que cuenten con un fuerte respaldo político y que la sociedad identifique sus potenciales beneficios para que los demande y se asignen los recursos necesarios para su implementación. Ahí uno de los grandes retos que enfrentará el gobierno entrante en materia de la formación profesional.

 

Carlos Cabrera Espinosa
Coordinador de Diálogo Económico de la Fundación Friedrich Ebert en México.