Pocos anhelos son tan nobles y legítimos para una sociedad como el que todos sus jóvenes se capaciten y encuentren un trabajo formal y bien remunerado. Ese es uno de los pilares de política pública con los Andrés Manuel López Obrador ha ganado la presidencia de la República y hace unos días se convirtió en su carta de presentación ante el empresariado mexicano, quienes recibieron la propuesta con buen ánimo y actitud colaborativa. Si bien, hoy cobra particular relevancia mediática, la propuesta del programa Jóvenes construyendo el futuro, había sido ya esbozada por López Obrador desde la campaña presidencial de 2012, como un programa de empleo emergente. Y hace unos meses, el programa se retomó en su libro 2018: La salida.

La idea de Jóvenes construyendo el futuro —explica López Obrador— está inspirada en las acciones que Franklin D. Roosevelt llevó a cabo durante la Gran Depresión para reactivar la economía norteamericana. En el caso mexicano se plantea ir casa por casa, inscribiendo a jóvenes para incorporarlos al trabajo y al estudio. El programa tendrá tres objetivos generales: 1) Integrar a los jóvenes a las actividades académicas o laborales; 2) Alejarlos del desempleo y de conductas antisociales; y 3) Preparar la reserva de trabajadores capacitados para las actividades productivas que se esperan por el próximo crecimiento económico. Se intentará apoyar a 2,300,000 jóvenes que se integrarán al trabajo o a la capacitación para el trabajo. Esos jóvenes serán aprendices en empresas pequeñas, medianas o grandes, cercanas a sus casas, tanto del sector privado como del sector público. Las actividades que se proyecta impulsar en el sector privado serán las agropecuarias, pesqueras, turismo, industria y servicios. En el sector público se apoyarán las actividades en Pemex y en la industria eléctrica; en mantenimiento de infraestructura, en remodelación de parques, jardines, calles y edificios públicos, construcción y en la siembra de árboles maderables y frutales. Cada joven reciba el equivalente a 1.5 salarios mínimos. Se calcula una erogación de al menos 99,360 millones de pesos al año.

Ilustración: Patricio Betteo

La propuesta señala que es necesaria la coordinación con las empresas, pues los jóvenes deben estar bajo la responsabilidad de un empresario tutor. El gobierno transferirá el sueldo de los jóvenes aprendices. También se prevén algunos controles para minimizar los riesgos de simulación o corrupción: para que el pago continúe, será necesario un informe mensual sobre las actividades que desempeña el joven. La propuesta también enfatiza que no se debe suplantar a un trabajador ya existente por un joven para que funja como un trabajador subsidiado. Al final del periodo de apoyo, una vez que el joven haya adquirido habilidades clave para emplearse, el gobierno buscará la incorporación definitiva de los jóvenes a la actividad económica.

Si bien se irán conociendo más detalles del programa en los siguientes meses, existen algunos antecedentes que vale la pena que sean tomados en cuenta en el diseño de la política pública. La experiencia internacional nos muestra que los programas de aprendizaje en los centros de trabajo, son una de las vías más eficaces para que los jóvenes aprendan habilidades para el empleo. En el mundo existe una amplia gama de formas en las que los estudiantes realizan ese tipo de aprendizaje: desde horas dispersas y voluntarias en distintas empresas, hasta un intensivo y regulado programa de varios años en una misma sede laboral.

En una publicación reciente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), describe cuatro elementos que distinguen a los programas de aprendices: 1) El aprendiz tiene un trabajo con capacitación estructurada, con un plan claramente definido; 2) El plan combina la capacitación en el lugar de trabajo a cargo de un maestro profesional; 3) Normalmente existe un contrato de empleo entre el empleador y el aprendiz; 4) A final, el aprendiz debe aprobar una evaluación para recibir una certificación reconocida en la industria.

En México existen diversas formas de vinculación de los jóvenes con los centros de trabajo. Quizá la estrategia más famosa en los años recientes sea la que se encuentra inspirada en la formación dual alemana. Este tipo de enseñanza, aplicada para el nivel medio superior, se llevaba a cabo en México desde hace 20 años por un puñado de planteles relacionados con empresas alemanas. Sin embargo, su consolidación institucional comenzó en febrero de 2009 con el Acuerdo de Cooperación entre el Instituto Federal de la Educación y Formación Profesional (BIBB) de la República Federal de Alemania y el CONALEP.

La “formación dual” en México cobró mayor visibilidad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En julio de 2013, el entonces secretario de la SEP —Emilio Chuayffet—, hizo un importante compromiso: la presentación, para febrero 2014, de una legislación que institucionalizaría y ampliaría el modelo de formación dual. Además, fijó metas para el año 2018: tener una matrícula de 10,000 estudiantes e involucrar a 1,500 empresas en dicha  formación dual.

No obstante, esos compromisos no han podido cumplirse. Actualmente no existe una ley para la formación dual, solo un acuerdo secretarial. En el 5º Informe de Gobierno se señala que durante el ciclo escolar 2016-2017, en el modelo dual participaron 2,511 estudiantes y 423 empresas. En total, desde 2013 se habían formado 5 mil estudiantes. Lejos quedó el compromiso de 10,000 alumnos por ciclo que se hizo al inicio del sexenio. Y esas cifras están más lejos aún de la meta que López Obrador ha fijado para beneficiar a más de 2 millones de jóvenes

Al modelo mexicano de formación dual no le han faltado acuerdos y convenios entre el sector empresarial y educativo, algunos de alcance internacional con Alemania y Suiza. Apenas en junio de este año se firmó un nuevo convenio para ampliar el modelo dual a las instituciones de educación superior (aunque en la práctica las universidades tecnológicas y politécnicas, desarrollaban ya un modelo de aprendizaje en alternancia en empresas, más afín a la experiencia de Francia). Si bien el modelo mexicano de formación dual ha sido una estrategia innovadora y en algunos casos exitosa —dadas sus características y tras la evidencia de su instrumentación—, no debería de ser el programa en el cual se ancle la propuesta de formación de aprendices de López Obrador. Se deben tener presentes las conclusiones del BID respecto al modelo mexicano de formación dual:

“La falta de un marco nacional de cualificaciones impide al aprendiz […] la portabilidad de sus competencias de una rama o sector a otro. Asimismo […]no ha habido una evaluación formal en términos del rendimiento de los graduados en el mercado laboral […] El programa está disponible exclusivamente para jóvenes inscritos en el sistema de educación técnica formal, excluyendo a muchos otros beneficiarios potenciales. Más aún, el número de firmas que participan es todavía muy limitado…, el número total de aprendices sigue siendo bajo. [Y] la sostenibilidad financiera sigue siendo un aspecto crucial […]”.

Aunque menos vistosas, existen otras destacables experiencias locales de aprendizaje en centros de trabajo, que permiten la inserción de un mayor número de alumnos en aprendizaje en las empresas, con un alto grado de empleabilidad. Es el caso de programa de estadías (PECE) de CONALEP Guanajuato o el modelo de vinculación escuela-empresa instrumentado en Aguascalientes. Las propias estrategias que desde hace años tienen las universidades politécnicas y tecnológicas, a través de su sistema de estadías, presentan ejemplos destacados. La clave, en todos esos casos, se concentra en la flexibilidad y pertinencia de los comités y órganos de vinculación de los planteles, que permiten una participación efectiva del sector productivo local.

La idea propuesta por López Obrador ha gustado a la iniciativa privada. Jóvenes construyendo el futuro tiene la doble particularidad de proporcionar la necesaria capacitación del capital humano sin costo monetario para el empresario. Pero su brillo puede obnubilar la vista. El programa tiene un claro objetivo a largo plazo que puede perderse si no se toman las medidas adecuadas. Jóvenes construyendo el futuro pretende ser más que un programa de empleo temporal, busca ser la base que permita que los jóvenes reciban las competencias necesarias y pertinentes para insertarse en un mercado laboral. Para que ello ocurra deberá enfrentarse a varios retos: normativos, logísticos, en la supervisión del desarrollo de habilidades y de inserción laboral

De entrada, diversas normatividades deberán ser adecuadas para que se pueda instrumentar de manera efectiva y minimizar los riesgos. Un ejemplo de una buena idea que puede desvirtuarse y convertirse en un trámite más son las prácticas profesionales. Aun cuando existe un consenso sobre las ventajas que representan las prácticas profesionales en la adquisición de habilidades para el empleo —paradójicamente— ha sido un concepto casi olvidado en nuestra legislación educativa y en la legislación laboral. En la actualidad, el concepto no se encuentra presente ni en la Ley General de Educación ni en la Ley Federal del Trabajo. Las prácticas profesionales se han convertido, en muchos casos, en un trámite burocrático que el alumno debe sortear para completar los requisitos administrativos que la escuela le plantea. Ese es un camino que debe evitar el nuevo programa destinado a los jóvenes. Sin embargo, con la mayoría en ambas cámaras legislativas, no sería difícil revisar al menos dos artículos relacionados con la figura de aprendiz: el artículo 47 de la Ley General de Educación (que se refiere a los contenidos de la educación definidos en planes y programas de estudio), y el 153 de la Ley Federal del Trabajo (que se refiere a la capacitación y adiestramiento en los centros de trabajo).

Otro de los retos de la propuesta de López Obrador está en encontrar los mecanismos para desarrollar la logística que un proyecto de esa magnitud requiere: llegar a todos los rincones del país para detectar las empresas, establecer con ellas los mecanismos necesarios para la adopción responsable de un aprendiz, y encontrar los instrumentos más adecuados para la distribución de recursos. La experiencia demuestra que estructuras demasiado rígidas entorpecen la oportunidad de este tipo de propuestas. Es tan atractivo el programa, que múltiples actores políticos y gremiales querrán un papel protagónico.

También deberá garantizarse que la capacitación de los jóvenes —efectivamente— incida en el desarrollo de las habilidades que le permitirán encontrar un empleo. Este es quizá el aspecto fundamental de todo el programa. Como se ha mencionado, los actuales mecanismos de certificación de competencias, no están plenamente avalados por los empleadores. En muchos casos, los mecanismos de certificación funcionan más como un referente para el mundo académico que para el contexto laboral. Si algo puede homologar las habilidades requeridas, será un efectivo reconocimiento de esas habilidades por parte de los sectores productivos.

El último eslabón de la estrategia, y con la cual se ponderará su verdadera eficacia, es la inserción laboral de los jóvenes. Por ello parece buena idea que el programa se coordine desde la Secretaría del Trabajo. El constante monitoreo de los jóvenes aprendices podrá anticipar las oportunidades de contratación en la empresa en la que desarrollan sus actividades. Serán necesarias acciones coordinadas entre diversas dependencias del gobierno. Jóvenes construyendo el futuro se presenta como el más ambicioso proyecto de capacitación y empleabilidad de las últimas décadas. Puede rendir grandes frutos. Pero deberá contar con el trabajo coordinado del gobierno, los empresarios y la sociedad civil.

 

Tomás Pérez Alvarado
Académico en la Universidad Nacional Autónoma de México.