Hace un par de días tuve la oportunidad de participar en un foro democrático que impulsó un diálogo respetuoso, pero algunas veces ríspido, donde un reconocido académico afirmó: “Ganamos la narrativa de la Reforma Educativa. Se la ganamos a Loret de Mola y De panzazo, donde se culpaba al docente del fracaso educativo”. La reflexión obligada es ¿quiénes ganaron, si en las nuevas historias difundidas por “los vencedores” no aparecen las experiencias de maestras que vieron en la reforma educativa de 2013 una oportunidad de ingreso y promoción de manera digna, con reglas claras y procesos conforme a la ley, con todas sus particularidades según la entidad federativa de la que se trate?
No es casual, entonces, que instituciones clave en el tema de la equidad de género en la educación, como el desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) —cuyo trabajo puso rostro de mujer a las estadísticas de docentes que lograron ingreso y promoción en el Sistema Educativo Nacional—, hayan sido utilizadas políticamente como parte de la actual narrativa hegemónica de algunos académicos que buscaron consolidarse utilizando hombres de paja y chivos expiatorios para conseguir un tipo de aplauso y reconocimiento que jamás lograrían de sus pares en buena lid, a costa del bienestar de las maestras mexicanas.
Eso también es violencia de género. ¿O acaso las docentes deberíamos simular que no vemos ni oímos que la enjundia con la que algunos promovieron la desaparición del INEE —cuyo trabajo ayudó a empoderarnos— brilla por su ausencia al denunciar las profundas injusticias y grave discriminación que la actual Reforma Educativa de 2019 impone a las maestras que buscan ingresar y promoverse dentro del Sistema Educativo Nacional?
Sin embargo, es justo reconocer que también existe la posibilidad de que algunos de estos personajes no nos vean ni nos escuchen a las docentes mexicanas porque simplemente no son capaces de hacerlo. Eso también hay que decirlo. Esa es, justamente, la violencia que nadie ve; para muestra un botón. El pasado 6 de mayo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, propuso durante un evento en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que las escuelas de nivel preprimaria, primaria y secundaria, se convirtieran en un refugio para mujeres víctimas de la violencia, pues ahí las mismas profesoras podrían ofrecer apoyo y orientación. “Es en cada preprimaria, primaria, secundaria, donde una o varias maestras sean las que ofrezcan su mano solidaria a las mujeres agredidas o violentadas que necesitan el respaldo solidario inmediato y una orientación efectiva”. Agregó: “las escuelas pueden llegar a ser una instancia sumamente importante para frenar la violencia que en algunas ocasiones llega hasta el crimen horrendo del feminicidio (…) si una profesora ve que una niña es maltratada, las maestras tienen que orientarlas, tienen que protegerlas como lo hacen, pero sobre todo, tienen que ser solidarias entre las mujeres. Es lo más importante”.
Ilustración: Estelí Meza
La sororidad es crucial, sobre todo en mujeres que llegan a ocupar puestos clave en todas las áreas de la vida pública. Contando con condiciones adecuadas las escuelas podrían, idealmente, fungir como espacios de apoyo. Pero eso no es lo único que hay que atender. También es urgente hacer del conocimiento de la secretaria de Gobernación las condiciones en las que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ejerce la violencia institucionalizada a través de procesos y protocolos que no consideran las condiciones de vida y trabajo de las maestras mexicanas que nadie ve.
A continuación, dos casos que ejemplifican lo anterior.
Carmen es una maestra de primaria que ingresó al servicio profesional docente en agosto de 2018. Tiene a su cargo a 22 niños de 1 º a 6 º grado en una comunidad cercana a Minatitlán, Veracruz, uno de los once municipios de la entidad con alerta de violencia de género contra las mujeres y niñas declarada el 23 de noviembre.
El cacique del lugar ha comentado a propios y extraños que Carmen es una docente muy joven, bonita y preparada, por lo que hace acto de presencia con regularidad en la escuela “para ver si a la maestra no se le ofrece nada”, dice. A pesar de que en sus visitas están presentes padres de familia, el agente municipal y los niños, los comentarios del hombre incomodan a la docente, que ha acudido al supervisor escolar en busca de apoyo; éste le ha pedido que se tranquilice, que no se preocupe, que es normal y que debe sentirse halagada y afortunada por la atención del también político renombrado de la región. “Usted está protegida”, dice el octogenario docente.
En reuniones de consejo técnico sectorizado, las jóvenes compañeras de Carmen, todas trabajando en escuelas multigrado, comentan situaciones similares: padres de familia que envían mensajes obscenos a una maestra; compañeros maestros que consideran la zona escolar como su coto de caza personal; algunas autoridades que abusan de su posición para acercarse a ellas y, si no obtienen lo que buscan, boicotean sus solicitudes de cambio o les buscan problemas donde no hay para que acudan a ellos con el fin de resolver estos embrollos inexistentes.
Cuando acudió a las oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz con un escrito donde narra lo anterior, la respuesta fue que sin denuncia formal ante la autoridad correspondiente su solicitud de cambio no procede. Además, de manera verbal, el licenciado del jurídico de la SEV le dijo que estaban atentos a las denuncias falsas que hacen muchas maestras con tal de lograr su cambio de trabajo cerca de su hogar. Le sugirió hacerse acompañar de un maestro o un varón “para darse a respetar”.
A Carmen se le está cayendo el cabello, ha adelgazado mucho y llora con frecuencia. Tiene miedo. Ha decidido que, terminando el ciclo escolar, renunciará a su plaza y así se lo ha hecho saber al secretario general de su delegación sindical, quien ha comentado en el sindicato que las nuevas generaciones de maestras no tienen vocación y sus habilidades sociales dejan mucho que desear. “No aguantan nada”, dice.
El caso dos se refiere a la maestra Luz. Su familia está preocupada. En la clínica del ISSSTE de la región la han canalizado al Puerto de Veracruz porque necesita la consulta de un especialista. Según el parte médico, presenta síntomas severos de depresión y ansiedad, lo que se complica por su avanzado embarazo. El médico del ISSSTE les comenta que le puede dar una incapacidad de 28 días, pero el supervisor escolar le dice a la docente que la Secretaría de Educación no considera las incapacidades con este lapso para otorgar interinatos y se niega a otorgarle la licencia que por derecho le corresponde.
En la zona escolar, la delegación sindical está formada por varones. En los 45 años que tiene la zona, jamás una mujer ha ocupado el puesto de secretaria general. Los asuntos oficiales y sindicales se arreglan en “el Búho”, el bar de la comunidad, donde se propicia, según dicen, la convivencia y la fraternidad entre todos los maestros miembros de esa delegación sindical.
En esa zona ya corrieron a una supervisora escolar que aplicaba la ley a favor de las maestras y facilitaba los movimientos de personal sin transar con la parte sindical, que anteriormente, se dice, pedía favores económicos, sexuales y de tráfico de influencias a las maestras que solicitaban un cambio, una permuta o una licencia de cualquier tipo. El actual supervisor tiene la venia de la delegación sindical, que avala cualquier determinación del funcionario y sabe cómo hacer valer su hegemonía. Mientras tanto, la maestra Luz está a punto de perder a su bebé.
Estos botones de muestra pueden dar cuenta de que las condiciones de vida y trabajo de las maestras son diferentes a las de los maestros. Y esto, que pareciera obvio, no lo es tanto cuando somos borradas de algunos discursos académicos, políticos y sindicales que buscan posicionar su agenda a costa de un tema urgente, pendiente en la conversación pública: las maestras mexicanas y la violencia que nadie ve.
Luego de las numerosas manifestaciones que acontecieron en la mayoría de las ciudades más importantes del país, urge un debate serio entre autoridades educativas de todos los niveles sobre la situación de las maestras mexicanas y mecanismos de atención a quejas y denuncias. ¿O acaso las maestras mexicanas no contamos en la discusión sobre las violencias contra las mujeres? ¿Cuál es el compromiso real de la Secretaría de Educación Pública al respecto?
Anel Montero
Profesora en el estado de Veracruz.
Le agradezco hable sobre esta violencia de género en el magisterio. Admiro su valentía para denunciar estos dos casos concretos. Dado que se trata del estado de Veracruz, podría ser buena idea buscar el apoyo de las @BrujasdelMar
Hasta que leo un artículo que denuncia casos como este. Además estoy completamente de acuerdo en que «tumbar la reforma» nos devolvió al estado patriarcal que obviamente es favorable para ellos. Yo gane mi plaza con la reforma pero ahora no veo modo de avanzar más. Gracias por su artículo