Ofrecer un apoyo a las familias de todos los estudiantes sin distinguir su condición económica tiene grandes inconvenientes. Aquí apuntamos tres: es una política regresiva en términos de equidad; no necesariamente resuelve el problema educativo que quiere resolver, y requiere de enormes recursos que deben sustraerse de otros programas con mayor valor educativo.

El Estado mexicano no puede renunciar a tener un organismo que impulsa la evaluación diagnóstica del sistema educativo nacional, que realiza estudios e investigaciones en la materia, genera indicadores, lineamientos y sugerencias y promueve la formación continua y el desarrollo profesional docente como estrategia central de mejora continua de la educación; estas tareas no tendrían que estar bajo la responsabilidad de las autoridades educativas.

A unos meses de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una de las instituciones insignia del sector educativo de su gobierno, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación —conocida también como Mejoredu— se halla en medio de una crisis interna que se expresa en la discordia entre los comisionados de su Junta Directiva, la controversia sobre la legalidad de la comisionada presidenta y la amenaza de su extinción.

La generación que comenzó sus estudios en primer año de preescolar en 2012, y que actualmente termina la secundaria, ha estudiado con los planes y programas de 2011, 2017 y 2022 en diferentes grados, con distintas propuestas, ideologías, enfoques, propósitos, metodologías, libros de texto y prácticas docentes. Frente a esto, es indispensable discutir una política de Estado que perdure a largo plazo.