Peciti 2021-2024: tardío, subjetivo y alejado de la comunidad científica

El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) 2021-2024 se encuentra a la espera de ser revisado por la Consejería Jurídica de la Presidencia —una vez que el pasado 12 de noviembre la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) emitió la exención del análisis del impacto regulatorio (AIR)— para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Es notorio que la presente administración haya tardado tres años en lanzar públicamente este instrumento, cosa que debería de haber ocurrido a más tardar seis meses después de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en 2019. No solamente se incumple un plazo contemplado en el Artículo 30 de la Ley de Planeación, sino que el horizonte de planeación del Peciti 2021-2024 es extremadamente corto, lo que hace que sus objetivos y estrategias sean inviables, sobre todo en un contexto de escasez de recursos para las actividades que contempla.

Ilustración: Oldemar González

El Peciti 2021-2024 se alinea directamente con el subtema de “Ciencia y tecnología” dentro del eje de Economía del PND 2019-2024, donde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene a su cargo la coordinación del Plan Nacional para la Innovación [sic]. El Peciti 2021-2024 parte de la premisa de un cambio de régimen e “impele a todos los servidores públicos a reivindicar el rol de garante del Estado mexicano y su papel como rector del desarrollo nacional, donde las ciencias y las tecnologías, incluidas las humanidades y ciencias sociales, están llamadas a desempeñar un rol estratégico” bajo un principio de austeridad republicana. Es importante destacar que esa austeridad se ha expresado hasta ahora en el recorte del presupuesto para actividades científicas, tecnológicas y de innovación (CTI) no sólo en el Ramo 38 a cargo de Conacyt, sino también en partidas a cargo de otras dependencias federales.

Desde su capítulo introductorio, el Peciti 2021-2024 marca un rompimiento con las administraciones pasadas, recurriendo a argumentos como el siguiente:

que la generación de conocimiento científico se pervierte cuando se le orienta en exclusiva a la gestación de resultados con valor de mercado, tal como ha estado aconteciendo debido a la imposición de la lógica neoliberal en el ámbito científico-tecnológico y en su entorno educativo.

No se reconocen avances en ningún plano y se insiste en que los recursos para CTI se destinaron desmedidamente a proyectos del sector privado, sin que se ofrezca evidencia suficiente.

En el diagnóstico del Peciti 2021-2024 se identifican la necesidad de generar oportunidades laborales para egresados de posgrado; de responder a una crisis ambiental sin precedentes; de revertir la precarización del empleo y el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población, incluyendo al empleo en las universidades públicas, en particular en lo que se refiere a los docentes; así como la necesidad de darle sentido social a la inversión en ciencia, tecnología e innovación.

Con respecto a la obligación del Conacyt para generar y coordinar los repositorios de ciencia abierta, el diagnóstico indica que la instrumentación de esta política no ha sido la más adecuada, siendo su principal problema:

La nula articulación entre los programas involucrados, dentro y fuera del Consejo, lo que ha impedido la alineación de los incentivos y responsabilidades de aquellos investigadores, becarios y sujetos de apoyo en general, que hayan sido beneficiados con recursos públicos, para compartir y publicar los resultados de sus investigaciones de manera abierta.

Además, menciona que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) se condujo de forma sesgada al convertirse en una agencia de promoción de biotecnología agrícola basada en organismos genéticamente modificados (OGM). Consecuentemente, la política de bioseguridad del Estado mexicano renunció a la observancia del principio precautorio. Esto refleja la intención de mantener el control sobre los OGM y que la política de desarrollo de la biotecnología se haga en el marco de un concepto de “bioseguridad integral” introducido en el Peciti 2021-2024 en su estrategia prioritaria 1.5, pero que no es definido, por lo que no es posible entender qué elementos lo han de integrar y quién juzgará su carácter integral.

En resumen, se argumenta la ciencia y la tecnología deben ser factores determinantes del cambio social y del consiguiente mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de México, haciendo un llamado a la comunidad de CTI a que esta reivindique su papel en la esfera pública y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, dándole vida al principio rector que prevé la “economía para el bienestar”. Esto lleva a definir ejes de conducta que se pretende impulsar, planteando cuestiones como la evaluación de la pertinencia de la figura del investigador nacional y el tecnólogo “en función del interés público”. Esto, sin duda, abre la interrogante de quién y cómo determinaría si un investigador cumple con criterios de interés público.

El propósito ineludible del Peciti 2021-2024 consiste, entonces, en establecer las bases estratégicas de una política de CTI que contribuya al desarrollo económico, social y sustentable de nuestra nación multicultural, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, de tal manera que se haga efectivo para las personas el disfrute del derecho a la ciencia, buscando siempre el bienestar social y la felicidad del pueblo de México. Estas transformaciones no deben desatender el cuidado y protección del ambiente, la riqueza biocultural del país, la alimentación y la salud de la población, así como impulsar en todo momento, a través del desarrollo científico y tecnológico, el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, la bioseguridad integral y el florecimiento de fuerzas productivas de todo tipo, además del apuntalamiento de la independencia y soberanía nacionales en un contexto de cooperación internacional y solidaridad global. Sin duda, se trata de un conjunto de objetivos sociales muy positivos. Desafortunadamente, las estrategias planteadas son demasiado generales y no llevan a entender qué programas las llevarían a ejecución.

De igual manera, el Peciti 2021-2024 pretende que la inversión en CTI se oriente a frentes como “el combate a la corrupción, la seguridad pública, el respeto a los derechos humanos, la construcción de la paz, el bienestar social”, así como a la “atención de problemas de criminalidad y administración de justicia […] la consolidación de la soberanía alimentaria y el trabajo digno o a la erradicación de la violencia estructural”. Todos ellos relevantes y urgentes, pero fuera del foco de lo que es, en esencia, una agencia de financiamiento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

En la misión que se declara para eliminar “sesgos coloniales de las tecnociencias y el discurso ideológico propio del neoliberalismo, que ha sido capaz de renunciar a la razón y la verdad en aras de solapar y justificar valores de uso nocivo para la humanidad, francamente destructivos de subjetividades y de sus entornos vitales", se pretende impulsar un cambio de paradigma en la política de CTI sobre la base de la articulación virtuosa entre el gobierno, la academia, las empresas, la sociedad y el ambiente, sin olvidar a las colectividades étnicas y rurales ni al sector social de la economía, por lo que se proponen seis objetivos prioritarios desagregados en 35 estrategias y 275 acciones para el sector. Aquí van los objetivos citados textualmente:

1. Fortalecimiento de la Comunidad Científica. Fomentar las vocaciones científicas; la creatividad y el ingenio de la población, así como promover la formación crítica y el fortalecimiento permanente de las capacidades de investigación científica y desarrollo tecnológico al más alto nivel, con una visión humanista de compromiso socioambiental, perspectiva de género y enfoque multicultural, además de incentivar a la comunidad a colaborar, a sumar esfuerzos, articularlos y converger para avanzar la frontera del conocimiento, el desarrollo tecnológico de vanguardia y la innovación, y comprender, prevenir y solucionar los grandes problemas nacionales.

2. Ciencia de frontera. Impulsar la generación de conocimientos de vanguardia sobre la base de la cooperación y el apoyo mutuo en investigaciones de carácter inter-, multi- y transdisciplinario, de tal manera que la inteligencia colectiva nacional trascienda continuamente los horizontes del conocimiento humano y asuma posiciones de liderazgo científico mundial haciendo un uso más eficiente y racional de los recursos, así como de la infraestructura disponible para el quehacer científico.

3. Programas Nacionales Estratégicos. Contribuir al diagnóstico y atención de problemas nacionales prioritarios a través del apoyo a proyectos de investigación e incidencia basados en la articulación participativa de instituciones de educación superior, CPI, dependencias del Estado y múltiples actores sociales, donde la ciencia sea una herramienta estratégica y se ponga al servicio de la sociedad de manera directa o a través del apuntalamiento de los proyectos de Estado.

4. Desarrollo y Transferencia  de Tecnología. Promover la generación y uso de tecnologías de vanguardia a partir de una política de cooperación e innovación abierta, bajo un modelo de pentahélice, con el propósito de desplegar fuerzas productivas técnicas que apuntalen el bienestar social y la soberanía tecnológica del país, en un marco de solidaridad internacional y respeto del ambiente.

5. Promoción del acceso universal al conocimiento y sus beneficios. Fomentar el acercamiento de la comunidad CTI a audiencias no especializadas, así como socializar los resultados de la investigación científica y el desarrollo tecnológico como punto de partida para garantizar el derecho de todos a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico a través de una política efectiva de ciencia abierta.

6. Información y Prospectiva Científica con Impacto Social. Ampliar los alcances de las actividades de CTI en la sociedad, optimizando la articulación multisectorial e interinstitucional con fines preventivos, así como de identificación de áreas de oportunidad para la implementación colaborativa y transversal de políticas públicas según criterios rigurosos y datos sólidamente sustentados.

En lo general, en el Peciti 2021-2024 se detecta la misma situación observada en la propuesta oficial de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentada por el Conacyt, que consiste en el uso indistinto de Estado y gobierno, intercambiando su significado y generando confusión. Ésta diluye la responsabilidad sobre la ejecución de las acciones, aún cuando en las estrategias se llega a mencionar a las dependencias que tendrían alguna participación, pues no hay aclaración alguna del papel que debieran asumir.

Identificamos también un alto nivel de desconexión entre las estrategias y sus acciones, como por ejemplo cuando se habla de incrementar la inversión pública en becas de posgrado y ninguna de las acciones asociadas va en este sentido, excepto cuando convoca a los gobiernos estatales, instituciones de educación superior y particulares para que participen con más recursos, declinando la responsabilidad del Conacyt como principal receptor de recursos federales para becas de posgrado del país.

A pesar de su importancia, la ciencia básica es mencionada en una sola ocasión en los objetivos, siendo sustituida en las acciones por ciencia de frontera. Esta situación debería ser crítica para la comunidad científica, pues evidencia falta de apreciación por la generación de conocimiento fundamental. En la práctica, los magros recursos destinados a proyectos de investigación básica son la expresión más clara de la falta de prioridad.

Las menciones a la biotecnología vienen acompañadas por el calificativo pertinente, sin que —de nuevo— se aclare quién y bajo qué criterios juzgará la pertinencia, lo cual abre enormes espacios para la subjetividad y la discrecionalidad en la toma de decisiones. Nos preocupa particularmente el carácter descalificativo contra esta disciplina a lo largo del documento, lo cual puede llevar a México a renunciar a los beneficios de la biotecnología para la salud, el ambiente y la industria.

Se menciona profusamente a los grupos subrepresentados como objeto de atención prioritaria, sin embargo no se define cómo se concretará esta condición prioritaria ni se considera que este criterio es volátil y puede variar entre comunidades o regiones, dificultando la elaboración de políticas nacionales.

Por otra parte, a pesar de la reiterada demanda por articulación de los actores del ecosistema, las estrategias no definen cómo se puede lograr. De hecho, hay muy pocos incentivos para facilitar y fomentar esas interacciones. De esa manera, aunque se enfatice la “innovación abierta”, es muy difícil que se alcance una colaboración efectiva. De hecho, parece que los encargados de elaborar el Peciti 2021-2024 no conocen a profundidad el concepto de innovación abierta, pues lo presentan como alternativa a la innovación liderada por empresas, cuando en el mundo son precisamente las empresas las impulsoras de este modelo.

Otro elemento que merece una observación particular es que México debe alcanzar un nivel de independencia tecnológica y liderazgo científico mundial, lo cual es un tanto ilusorio, si se toma en cuenta que no se contemplan recursos para el desarrollo o maduración de tecnologías. Es imposible alcanzar independencia y liderazgo a partir de declaraciones; lo que se necesita es la construcción de una plataforma de desarrollo científico y tecnológico robusta, con suficiente personal altamente calificado y motivado, infraestructura moderna y un sistema articulado en el que interactúen universidades, centros públicos de investigación, empresas y agencias gubernamentales. Sin esto, esos objetivos son completamente utópicos.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 se aprobó en la Cámara de Diputados el 14 de noviembre y se espera en breve su publicación en el DOF, quizás a la par de la publicación del Peciti 2021-2024, por lo que no existe forma de que los recursos para ese año estén alineados a las prioridades del Programa. En el mejor de los casos, la planeación del presupuesto acorde con el programa comenzará en 2023, por lo que su ejecución se reducirá, en los hechos, a dos años.

Es evidente que no hay la base material necesaria, pues el presupuesto asignado en el anexo doce del PEF para el cumplimiento de las acciones contempladas en el Peciti ha sufrido un estancamiento en los últimos años. De hecho, para el año 2022, los 113 000 millones de pesos etiquetados para CTI alcanzarán su valor real más bajo desde el 2015, equivalente al 1.4 % del presupuesto federal, su valor más bajo desde 2011.

No solamente estamos presenciando una reducción en el presupuesto asignado, sino que la aplicación de los recursos ha venido sufriendo distorsiones. Por un lado, la proporción del presupuesto del anexo doce asignado al ramo 38, que corresponde al presupuesto para Conacyt, se ha visto disminuida de manera constante desde 2015, cuando recibía el 40 %, hasta sólo el 32 % en 2022; mientras que el rubro asignado al ramo 11, que corresponde a la Secretaría de Educación Pública, se vuelve el ganador absoluto con un 44 % del presupuesto.

Como ya se ha mencionado, el presupuesto asignado para la ejecución del programa por el Conacyt como unidad responsable de gasto no solamente se ha visto disminuido en términos reales desde su máximo histórico en 2015, sino que su distribución lo ha alejado de la investigación, pues un 94 % de su presupuesto de inversión se destina solamente a dos programas: becas de posgrado y el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Esto deja sin atender el financiamiento de proyectos; el mantenimiento de laboratorios; la generación de nueva infraestructura; y la divulgación y el fomento de la articulación del sistema de CTI. Mientras que en el periodo 2012-2018 se asignaban en promedio 5000 millones de pesos anuales a las convocatorias para proyectos de investigación, en el 2022 se asignaron solamente 1200 millones exclusivamente para los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), en perjuicio de los más de 30 000 investigadores otrora elegibles para su distribución.

Finalmente, a diferencia de los programas anteriores, que habían migrado de manera gradual hacia el uso de indicadores de impacto evaluados por agentes externos, el Peciti 2021-2024 regresa al uso de indicadores de eficacia autogenerados, reflejando la endogamia conceptual de su planteamiento. Así, tomando en cuenta el conjunto de objetivos prioritarios y sus correspondientes estrategias y acciones, en una perspectiva de sólo dos años efectivos de trabajo, el Peciti 2021-2024 se perfila para ser completamente inviable, poniendo a las dependencias involucradas en riesgo de incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo de la administración a la que pertenecen.

Brenda Valderrama
Investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM.

José Luis Solleiro Rebolledo
Investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM.