Han pasado tres años del anuncio de la Reforma Educativa; poco tiempo para visualizar de un jalón los resultados e impactos de un planteamiento de su envergadura. Pero sí es tiempo suficiente para identificar su trascendencia a favor del mejoramiento en los aprendizajes. Hacer un alto en el camino permite no perder de vista si efectivamente esta reforma está impulsando las transformaciones necesarias y suficientes para mejorar los aprendizajes. Asumo que el “cambio madre” radica en transformar la lógica del proceso decisional de la gestión del sistema educativo como parte del cambio político por excelencia. Sin cambio político no hay cambio de políticas públicas, no lo digo yo, lo muestra la literatura y evidencia de políticas públicas.

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El debate público se ha centrado en los impactos de corto plazo. Sugiero darle un giro estratégico. Mi propuesta es poner en el centro asuntos clave que conducirán a darle seguimiento puntual a las decisiones y acciones gubernamentales sin menoscabo de la meta que creo compartimos todos: generar mejoras en los aprendizajes y en las condiciones en que los niños mexicanos aprenden y asisten a la escuela.

El cambio político que le otorga trascendencia a la reforma radica en que se está impulsando y transitando de una gobernabilidad para la cobertura (1992) a una gobernabilidad que asegure los cambios estratégicos para impactar los aprendizajes. Se está pasando de una situación en donde la Secretaría de Educación Pública tiene y muestra la capacidad de hacer cumplir la ley y sobre todo de implementarla sin tener que restarle alcance a los cambios como en el pasado. Esto es gobernabilidad para la calidad (Del Castillo, 2013).

En su breve pero sustanciosa vida, la reforma registra cuatro momentos principales. El primero corresponde a la propuesta de cambio constitucional y a la aprobación de los artículos 3 y 73 (1º-20 de diciembre de 2012) en el marco del Pacto por México; el segundo, comienza con la promulgación (25 de febrero de 2013) y aprobación (13 de septiembre de 2013) de las leyes secundarias y termina con la firma del Pacto para la Implementación de la Reforma (13 de mayo de 2014) y la creación de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD, 14 noviembre de 2014). El tercero se distingue por la firma del Convenio de Automaticidad o mejor conocido como “fin a la doble negociación” (13 de mayo de 2014) y por el Comunicado 129 de la SEP (29 de mayo de 2015) en el cual la CNSPD informa la suspensión indefinida de la evaluación; periodo –que bien se podría denominar “la crisis Chuayffet”– que se distingue por una parálisis en el proceso de implementación y su destitución en medio de un problema de salud.

El cuarto momento se puede definir como la “era Nuño”, ésta inicia con su nombramiento como titular de la SEP (27 de agosto 2015), lo que marca una inflexión dentro del mismo proceso. Se caracteriza por una marcada presencia del secretario en los medios y el tipo de liderazgo ejercido, el cual corresponde a lo que en política pública se denomina como “un emprendedor político de políticas públicas”, es decir, por un sujeto que detona procesos de cambio a través de decisiones, acciones y condiciones para la resolución de problemas públicos. Pero no hay que perder de vista que siempre existe el riesgo de que este actor al querer acelerar los procesos de cambio pierda de vista la importancia que tiene la construcción de transformaciones bajo un modo de gobernanza.

Algunas de las decisiones que reflejan un cambio en la lógica decisional a lo largo de los cuatro momentos son:

— La construcción de la reforma bajo un Pacto y NO un acuerdo político que constriña decisiones a favor de los aprendizajes.

— Los cambios constitucionales y leyes secundarias: educación de calidad como un derecho (artículo tercero constitucional) y la autonomía del INEE después de una década de su existencia.

— La regulación en el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia (SPD), que trastoca patrones de antaño.

— La creación de un sistema nacional de evaluación (INEE) y la obligatoriedad de la evaluación docente con posibilidades de sanciones.

— La firma del Convenio de Automaticidad: fin a la doble negociación salarial.

— La recuperación de la instancia responsable de la gestión de la educación en Oaxaca (20 de julio de 2015).

–Un acuerdo para poner en marcha la reforma en Michoacán (9 de octubre de 2015).

Una gestión regionalizada (5) para revertir la débil coordinación entre la federación y los sistemas educativos estatales y avanzar en la implementación (7 de septiembre 2015).

— Nuevos nombramientos en oficinas estratégicas: Subsecretaría de Educación Básica y en la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de las Políticas Educativas (4 octubre 2015).

— Las visitas de los lunes a las escuelas por el secretario Nuño.

Después del 27 de agosto las decisiones han estado acompañadas por un nuevo discurso político que ha asegurado hasta ahora NO negociar el alcance de los cambios constitucionales y de las leyes secundarias ya logrados. Lo que habría que seguir es si este cambio es SÓLO de discurso o da cuenta de que el secretario Nuño ejerce un liderazgo a la manera de un emprendedor político de políticas o ahora sí se trata de un cambio en la lógica decisional. Esto es clave.

La agenda de riesgo contempla revertir fallas del pasado y asegurar el rumbo de la reforma:

— No cejar en mantener una gobernabilidad para la calidad. Algunas rutas: hacer un uso efectivo de los resultados de las evaluaciones docentes y que estos se reflejen en la oferta de la profesionalización docente; y, verificar quién diseñará esos cursos, cómo se impartirán, cuáles serán sus resultados. El vínculo resultados de evaluación- profesionalización docente es la prueba de fuego.

— Asegurar una gestión a modo de gobernanza a fin de evitar abusos de autoridad que distorsionen el sentido original de la reforma.

— Asegurar que la regionalización para la gestión de las políticas educativas asegure la implementación de las políticas en los sistemas educativos estatales.

— Verificar que el nuevo sistema de incentivos docente (Programa de Promoción en la Función por Incentivos en la Educación Básica) represente un cambio genuino en función de la vieja lógica de Carrera Magisterial.

— Trazar la ruta de cambio pedagógica para que la Reforma impacte los aprendizajes. Esto no está delineado en las políticas ni en los programas. Sin esto los esfuerzos de cambio serán en vano.

Gloria Del Castillo Alemán es profesora investigadora de tiempo completo de la Flacso México.


Referencia

Del Castillo, Gloria (2013), “El desempeño docente y el logro educativo en el centro de las políticas. ¿Hacia una gobernabilidad para la calidad?, en Rodolfo Ramírez Raymundo (coord.), La Reforma Constitucional en materia educativa: alcances y desafíos. México, Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez. pp. 57-76.