Un tema que es sustantivo en la campaña electoral para la presidencia de la República que se realiza este año es, sin lugar a dudas, el que se relaciona con la educación, y en particular con la profesión docente. En el año 2010 se firmó un acuerdo entre las autoridades mexicanas con la OCDE que lleva por título “Acuerdo de Cooperación México- OCDE para mejorar la calidad de las escuelas mexicanas” que incluye 8 puntos sobre la profesión docente, todos directamente vinculados con el establecimiento de plazas a concurso, evaluación del desempeño y, unos que no han sido de interés de las actuales autoridades del país, relacionados con mejorar la formación inicial de los docentes. En estricto sentido prefirieron cancelar la formación inicial al establecer en la Ley de Servicio Profesional Docente que cualquier egresado de educación superior que apruebe el Concurso de Ingreso, en los hechos reducido a un examen de conocimientos que no tiene ninguna relación con las habilidades que reclama el ejercicio profesional, puede obtener una plaza docente. El IMSS no hace lo mismo para sus plazas de médico familiar, ni el sistema judicial para las plazas de jueces. Sólo se planteó esta situación para las plazas docentes, lo que muestra el amplio desprecio que tienen los que promovieron y aprobaron esta legislación que afecta a la profesión, puesto que cualquier egresado de educación superior con un examen se puede convertir en docente.

Sin embargo, la legislación aprobada presenta otras graves evidencias del desprecio hacia la profesión docente. Califica la docencia “como una profesión de Estado”, cualificación que a ninguna otra profesión se le hace en el país. Pero a partir de dicha enunciación se le quitan todos sus derechos laborales, incluso los derechos adquiridos como es la estabilidad en el empleo.

Los docentes mexicanos de la educación obligatoria nunca tendrán derecho a gozar de estabilidad en su trabajo pues según la ley cada cuatro años deberán presentar una evaluación de desempeño. Con lo que, incluso aquellos docentes que ya tenían una estabilidad por haber adquirido su nombramiento con una antigüedad de 10, 15, 20 o más años, se encuentran en la condición de que para permanecer frente a sus alumnos tendrán que presentar evaluación cada cuatro años. A ninguna otra profesión del país se le han eliminado sus derechos tan brutalmente como en el caso de la profesión docente.

Las leyes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y del Servicio Profesional Docente establecieron un galimatías en donde ambas instituciones se cobijan y dificultan su tarea permanentemente. Una propone, la otra aprueba; una establece criterios, la otra realiza —e incluso, como es el caso de la Coordinación del Servicio Profesional Docente, puede contratar a una asociación civil (el CENEVAL) para que elabore el examen, llamado de evaluación del desempeño.

Ambas leyes confunden medir y evaluar. Ello ha dado pauta a que el INEE (la institución que tiene el manejo técnico de la evaluación como disciplina de las ciencias de la educación) y la Coordinación del Servicio Profesional contraten a una institución para elaborar exámenes a gran escala. En este caso, 64 instrumentos fueron elaborados sin reconocer que en el tiempo en que los construyeron no pudieron seguir con estricto cuidado los pasos que demanda la “teoría de la respuesta al ítem” y “el modelo rash” para la validación de reactivos. Mucho menos pudieron trabajar con rigor el contenido disciplinario de esos instrumentos.

En este contexto, con una clara falta a su responsabilidad por el manejo disciplinario del tema de evaluación, el INEE solicitó al servicio Profesional Docente que convocara en 2015 a profesores que tuvieran más de 15 años de servicio para ser evaluados. En realidad para presentar un examen y asistir en un ambiente opuesto a las mínimas condiciones de evaluación a 150 mil docentes. Los cuales fueron obligados a presentarse bajo la presión de perder el empleo. La ley no prevé ningún caso en el que un docente por razones personales (embarazo, enfermedad o parto) pueda no participar una vez que es convocado. Algunas situaciones que caracterizaron este acto fueron errores burocráticos; convocatorias a docentes con 2 años de servicio o con más de 20 años —es decir, fueron notables las decisiones arbitrarias— y, no se debe olvidar el ingreso al espacio en donde se resolvería el examen en un ambiente militar-policíaco. En este sentido, México se coloca como el país que aporta a la experiencia internacional la militarización de  la evaluación.

Pero presentar un examen no es evaluar el desempeño. Las preguntas que hicieron en ese momento a los docentes fueron absurdas, se les pidió una planeación didáctica de memoria sin poder consultar ni los programas de su materia, ni los materiales que todo profesional docente emplea en su planeación.

El INEE en su momento reconoció la mayoría de estos problemas, pero afirmó que los mismos no  afectaban las calificaciones que los docentes recibieron. Cada evidencia se calificó en 170 puntos, en ese momento eran tres evidencias —reporte de 3 alumnos con alto y bajo rendimiento, examen de conocimientos y planeación argumentada— lo que da 510 puntos, pero el docente recibió una calificación sobre 1600 puntos. El número no explicaba nada, sin derecho a réplica o a solicitar alguna aclaración, un trato muy diferente que el que el Modelo Educativo establece para evaluar el aprendizaje en el aula.

El INEE prometió que para 2017 presentaría otra estrategia para superar las deficiencias del ejercicio 2015, y que ésta sería voluntaria en 2016, excepto para quienes habían recibido la calificación de insatisfactorio. Pero en 2017 sólo logró hacer cambios de forma y no los sustantivos. Esto es, se siguieron aplicando 64 versiones de exámenes y se redujeron las evidencias iniciales a un reporte de una situación didáctica completa por parte del docente. Desafortunadamente ese reporte contiene tal cantidad de información que mucha se repite, otra es imposible de trabajar, sobre todo si un docente tiene 250 alumnos (lo que es común en la secundaria o el bachillerato) y resulta muy complicado diferenciar entre lo que los especialistas denominan currículum formal y currículum real. Además, en los exámenes se encuentran preguntas absurdas, y algunas requieren haber memorizado el documento “Perfil, parámetros e indicadores de desempeño”. Resolver el examen no garantiza un mejor trabajo docente. Se trata de cambios cosméticos para evitar una evaluación de desempeño.

En suma, la reforma 2013 constituye una agresión profesional al docente, elimina sus derechos básicos como estabilidad en el empleo, deja un amplio margen de indefensión cuando afirma que será despedido sin ninguna responsabilidad para la autoridad educativa. En otras palabras, le quita los derechos laborales que contiene la actual Ley del Trabajo.

El SNTE tendría que haber realizado una defensa laboral de los docentes, pero resulta que su estructura formal se ha aliado al candidato del partido en el poder, con lo cual en los hechos le da la espalda a los docentes para mantener su “relación atípica con la SEP”. Su presidente se sienta en el presídium al lado de las autoridades educativas.

Por todas estas razones la necesidad de revisar la reforma de 2013 es un tema de esta campaña. La demanda debería centrarse en reconocer:  los derechos laborales de los docentes; las etapas de la vida profesional (novata, consolidada, experta); la posibilidad de que el docente tenga estabilidad en su empleo; evaluar el desempeño mediante una evaluación de pares que vaya a las aulas; eliminar de la ley la palabra medición; exigirle al INEE que realice de manera profesional una evaluación desde la disciplina educativa y dar autonomía curricular a las escuelas normales para fortalecer la formación inicial de docentes, y diferenciar los requisitos para ser docente de preescolar y primaria, de los que se requieren para incorporarse a la docencia en secundaria y bachillerato.

Los candidatos a la presidencia de la República no pueden cerrar los ojos a la afrenta que tiene el magisterio en este momento si lo que desean, realmente, es trabajar para mejorar la educación de nuestro país.

 

Ángel Díaz Barriga es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM.