Una de las frases provocadoras que tanto le gustan a López Obrador —enunciados simples y sencillos de fácil asimilación para los votantes— se refiere a “derogar la reforma educativa”, misma que encuentra eco en el eslogan de los maestros de la CNTE, quienes han insistido en ella a lo largo de todo el sexenio. Cabe señalar que, aparentemente, el candidato modifica sus declaraciones según el público al que se las explica. En el caso de la educación, en su decálogo por la educación y el magisterio señala: “Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Haremos uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas de las que ha sido objeto el magisterio nacional”.

Ilustración: Víctor Solís

Una consideración básica para analizar dicha propuesta consiste en identificar los múltiples tópicos complejos que la denominada “Reforma estructural de la educación” legisló: reformas al Artículo Tercero Constitucional, a la Ley General de Educación, a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y una nueva Ley del Servicio Profesional Docente. El fundamento para realizar dichos cambios fue asegurar el cumplimiento de una nueva obligación constitucional, la de “garantizar una educación de calidad en todos los niveles obligatorios, como derecho inalienable de todos los niños del país”. Todos estos cambios se legislaron, con asombrosa rapidez por cierto, entre diciembre de 2012 y septiembre de 2013.

La reforma establece: 1) Un sistema nacional para evaluar la calidad el desempeño, los componentes, procesos y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, a cargo del INEE creado en 2002, pero beneficiado con una nueva autonomía y facultades. 2) Evaluación de méritos como “la vía exclusiva” para el ingreso, la promoción y la permanenciade los maestros; se autoriza el ingreso de quienes cumplan el perfil y aprueben el concurso, independientemente de su formación profesional inicial. 3) Nuevas formas de capacitación de los maestros como contraparte y complemento de la evaluación. Se reglamentó una tutoría personal de dos años de duración a los maestros de nuevo ingreso, al interior de sus escuelas de adscripción, y un Sistema Nacional de Apoyo Técnico y Pedagógico (SATE), que operaría para cada escuela como responsabilidad de una nueva figura profesional dedicada a la formación de maestros: el asesor técnico pedagógico, una de las medidas más positivas de la reforma. 4) Una revisión completa del “modelo educativo“ y la creación de uno nuevo que incluye nuevos planes y programas de estudios y libros de texto que articulan los tres diferentes niveles de la educación obligatoria. El nuevo modelo propone también mayor autonomía de gestión para cada escuela, acompañada de transparencia escolar y participación de los padres de familia y otros miembros de la comunidad. Las leyes incluyen alimentación sana dentro de las escuelas, un sistema nacional de Información educativa (SIED), y un fideicomiso para la mejora de la infraestructura escolar.

Cada una de las medidas que se engloban en el término “la reforma” amerita ciertamente la revisión de su potencialidad para garantizar esa educación de calidad para todos los niños y jóvenes del país. Muchas de ellas plasman ideales y principios que se vienen proponiendo desde hace décadas. La mayoría requiere una revisión cuidadosa de la forma en que se han podido —o no— implementar, en virtud de los niveles de operación que se requiere para ello, en particular el conocimiento y consenso entre los distintos actores que deberán ponerlas en marcha y la adaptación de las estrategias y normas cotidianas de operación. Otras exigen revisar su diseño mismo. Vale la pena preguntar, como lo han hecho otros autores en este mismo espacio, ¿a qué aspecto de la reforma se refiere el candidato de Morena cuando insiste en cancelar la reforma?

A lo largo del sexenio las medidas que se implementaron de manera prioritaria y perentoria —y con gran visibilidad favorecida por los medios de comunicación— fueron las relacionadas con la evaluación de los maestros. Si bien las evaluaciones para el ingreso, la promoción y el reconocimiento tenían ya por lo menos un par de décadas de haberse puesto en operación, la verdadera innovación al respecto fue “la evaluación del desempeño”. Esta medida provocó la oposición radical por parte de importantes grupos de maestros, manifestada tanto en documentos en los que argumentan su propuesta de transformación de la educación en la que aceptan explícitamente evaluación de sus labores por otras vías, como em movilizaciones, bloqueos de carreteras y cierres de escuelas, que alcanzaron un punto máximo entre mayo y agosto de 2016 y que se han renovado con intensidad en fechas recientes.

No se trata de “ceder a las presiones” de estos grupos de maestros, pero la evaluación del desempeño amerita ser revisada, incluyendo su alcance legal, por tres razones clave:

a) Inconsistencias en los textos legales entre lo que establece la Constitución sobre la permanencia, frente a las facultades que otorgan las Leyes reglamentarias a las instituciones responsables, en particular el INEE y la Coordinación del Servicio Profesional Docente (SPD) que convierten el desempeño en el mecanismo para decidir sobre la misma. Es cierto que las leyes prevén que las evaluaciones del desempeño se harán cada cuatro años, que los maestros tendrán hasta tres oportunidades para aprobarlas y que estarán acompañados, en caso de fallarlas, de programas ad hoc de capacitación. También establecen que los maestros que fallen este procedimiento no serán despedidos, sino  “separados de la función docente y reasignados a plazas administrativas”.

b) Aplicación masiva, centralizada y estandarizada para evaluar el desempeño. Existe un intenso debate académico —nacional e internacional— y no solamente oposición sindical respecto del valor de este tipo de instrumentos tanto para mejorar la calidad de la educación como para decidir la idoneidad de maestros en lo individual. Aunque estos procedimientos han mejorado a lo largo de los cuatro años en que han operado, persiste la confusión entre evaluar el desempeño de los maestros en lo individual, para mejorar su práctica docente, y evaluar el comportamiento integral de los maestros, que requiere instrumentos y procedimientos mucho más finos —y costosos, por supuesto— para decidir algo tan delicado como su permanencia en la función docente. Al mismo tiempo, la evaluación estandarizada es necesaria para hacer comparaciones nacionales e internacionales.

c) Implementación atropellada de la evaluación del desempeño. Si bien el argumento fue legal —había que cumplir a toda costa con las fechas perentorias que estableció la ley—, otras medidas igualmente calendarizadas no cumplieron con esa exigencia. El cumplimiento de la ley significó programas, estrategias y personal insuficientemente preparado —sin las debidas experimentaciones previas o pruebas piloto, preparación de los evaluadores y de las rúbricas que permitirían una evaluación estandarizada— y una comunicación muy deficiente que daba más peso a la amenaza que al mejoramiento. y una la cronología alrevesada: primero se hizo la evaluación y luego se promulgó el nuevo modelo curricular; primero se evaluó, y hasta la fecha la atención a la formación ofrecida para los maestros se centra en cursos por internet.

 

Sin lugar a dudas la evaluación del desempeño de los maestros fue una de las medidas peor implementadas de la reforma educativa. Aparecen ahí una gran cantidad de las afectaciones administrativas de las que se quejan los maestros: en las listas de prelación, en la asignación efectiva de plazas, en los pagos ofrecidos (entre otros aspectos). Sería conveniente hacer una lista precisa al respecto.

Todas estas deficiencias en la evaluación de los maestros no invalidan la necesidad de una evaluación pedagógica y académica con miras a mejorar el desempeño. La permanencia exige mecanismos e instrumentos finos, complejos, integrales e inmediatos de evaluación en la vida cotidiana de los maestros. Además deberá aplicarse con el debido orden cronológico y tiempo suficiente para fortalecer las otras medidas que requiere la calidad, preparar a los maestros para esas evaluaciones e informarlos debidamente.

Pero tal vez más grave sea la confusión creada por pretender acabar con la corrupción denunciada mediante la evaluación del desempeño. Si el principio fundamental de la campaña del candidato López Obrador ha sido el de acabar con la corrupción, no basta derogar la evaluación, es indispensable revisar una serie de mecanismos legales y administrativos que han favorecido campos importantes de corrupción laboral entre los trabajadores de la educación.

El público tiende a considerar que los maestros se oponen a la reforma porque defienden la herencia, venta y renta de plazas. Vale aclarar: no existe ninguna ley que otorgue la propiedad personal de una plaza: las leyes plantean la titularidad. El atributo de “heredarla” se ampara en el uso y abuso de las condiciones generales de trabajo de todos los sindicatos al servicio del Estado, que acordaron preferencia al ingreso del familiar de un trabajador fallecido, en “igualdad de circunstancias”, como principio de solidaridad con la familia afectada pero con la condición básica —que se ha olvidado— del cumplimiento pleno de los requisitos. Ciertamente los concursos de ingreso ahora constitucionalmente obligatorios se oponen a estas prácticas. Igualmente se oponen a la “venta de las plazas”, favorecidas —se dice— por las negociaciones de las comisiones bilaterales de ingreso: los intereses corporativos de la parte sindical y la benevolencia (por decir lo menos) con la que la SEP dejó en manos del sindicato el manejo de los asuntos más importantes de sus recursos humanos más importantes. Estas comisiones bilaterales desaparecen en la nueva ley.

Ninguna ley o acuerdo justifica la “renta de la plaza,” pero sucede y se ventila como si fuera normal (aunque no hay datos sobre la frecuencia más allá de los rumores y anécdotas). Este mecanismo se propicia por las comisiones indefinidas, de por vida, sin goce de sueldo pero sin perder la (propiedad) titularidad de la plaza, que otorgan las condiciones de trabajo. Los trabajadores se pueden dedicar a otras actividades, reciben un ingreso ilegal del ocupante de la plaza y saben que podrán recuperarla y contar para su retiro con “una plaza de maestro” que no cae mal. Por otra parte, favorece también al presupuesto público, ya que los interinos no reciben las prestaciones de quien tiene la titularidad.

Estos abusos han generado un grupo privilegiado que sin duda se beneficia de ellas, de ninguna manera se aplica a todos los maestros, y posiblemente se trate de alguna minoría. A la vez no es posible olvidar las afectaciones graves a los verdaderos derechos laborales de muchos maestros interinos y a los numerosos maestros de las modalidades más recientes, que en muchos casos reciben contratos por 14 días o por cinco meses y medio, renovables 15 días después para reiniciar un nuevo período de duración semejante sin crear antecedentes laborales. Esta información también deberá considerarse en la revisión planteada.

La “reforma educativa estructural“ ha sido el proyecto más ambicioso y complejo de transformación del sistema educativo nacional desde la modernización de la educación en 1992, justificada por el derecho de todos los niños a una educación de calidad. En menos de 10 meses logró legitimar sus propuestas por las vías y procedimientos legalesmás altos del país y establecer un importante número de medidas trascendentales para orientar el cambio y mejora de la educación nacional. No es posible ignorarla ni descartarla sin la debida y detallada valoración. La implementación sin embargo ha enfrentado una enorme cantidad de obstáculos normativos, administrativos, de operación, de información adecuada y de consenso entre todos los actores involucrados. Una de las medidas más connotadas y conflictivas fue la evaluación del desempeño de los maestros, que por su implementación pero también por su concepción legal, amerita una revisión a fondo, tanto de las diferentes leyes que la consignan, como de las diferentes escalas de su implementación. Pero en esa revisión debe incluirse también la revisión de las antiguas prácticas de corrupción que afectaron la carrera docente.

Vale la pena preguntarse sobre la declaración del candidato presidencial de Morena —el puntero de las encuestas— cuando señala que eliminará la reforma educativa. Aún si se justifica sólo revisar a fondo el SPD ¿qué mecanismo se establecerá para evitar que las prácticas antiguas de corrupción no se repitan? ¿O cuáles serían las opciones para verdaderamente mejorar los procesos de contratación de nuevos profesores? ¿Seguiremos sin discutir la verdadera valoración de la permanencia? ¿Será que hay alguna propuesta que aún no conocemos al respecto?

 

María de Ibarrola es investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Cinvestav-IPN.