La educación superior ha sido uno de los asuntos prioritarios del entonces candidato —hoy presidente constitucional— Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En torno a este tema, AMLO formuló varias promesas de campaña, entre las cuales destacaron: establecer obligatoriedad y gratuidad en este nivel educativo; crear 100 nuevas instituciones públicas y otorgar becas a jóvenes de escasos recursos que desean cursar una carrera. Estas promesas reaparecieron el primer día de gobierno, como parte de los 100 compromisos de AMLO (compromisos 6, 7 y 10). Para poner manos a la obra, el nuevo gobierno presentó en los días siguientes la iniciativa de reforma a los artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incluye la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.

Ambos mandatos podrían convertirse en un poderoso impulso de masificación de la educación terciaria, porque favorecería, entre otros aspectos, la incorporación de grupos de estudiantes que hasta ahora han visto limitado su ingreso y tienen tanto un perfil, como una gama de intereses y expectativas diferentes a los que las instituciones de educación superior suelen atender.

Ilustración: Patricio Betteo

Todos sabemos que, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, la cobertura de la educación superior en México se encuentra actualmente muy por debajo del nivel que cabría esperar dado el grado de desarrollo del país y de las expectativas y necesidades de sus jóvenes. El índice de competitividad global 2017-2018 muestra que el país ocupó la posición 81 (de 137 países) según el valor de la tasa bruta de cobertura de la educación superior.

Miles de jóvenes en el país se ven impedidos cada año a continuar sus trayectorias educativas en el nivel superior. ¿Qué esfuerzos tendría que emprender el nuevo gobierno para garantizar que ningún joven se quede sin “la oportunidad de estudiar una carrera, si así lo desea”? ¿En qué plazos podría concretarse este propósito?

Un escenario consistente tanto con las promesas de campaña, como con el eventual mandato de obligatoriedad, es aquel que logra alcanzar una cobertura de al menos 56% en 2024 (con una matrícula de 6 millones 122 mil estudiantes) y de 70% en 2030 (con 7 millones 580 mil alumnos). Este escenario permitiría equiparar, antes de concluir la administración de AMLO, el flujo de ingreso a la educación superior con el de egreso de la educación media superior. La trayectoria que sigue este escenario implicaría llevar a cabo un esfuerzo inédito en la historia de la educación superior mexicana (cuadro 1).

Cuadro 1. Evolución de matrícula y cobertura de la educación por escenario, 2017-2030

Año

Escenario "tendencial"

Escenario "ANUIES"

Escenario "obligatoriedad"

Matricula

Cobertura

Incremento promedio anual del sexenio

Matrícula

Cobertura

Incremento promedio anual del sexenio

Matricula

Cobertura

Incremento promedio anual del sexenio

2017

4,209,800

38.4

 

4,209,860

38.4

 

4,209,860

38.4

 

2024

5,105,599

46.6

130,091

5,477,900

50

183,669

6,122,842

55.9

276,380

2030

5,825,389

53.8

119,965

6,497,900

60

170,000

7,580,873

70

243,005

El escenario que proponemos contrasta con el de la “ANUIES” (de 50% en 2024 y de 60% en 2030), que fue formulado cuando aún no estaban en la mesa los principios de obligatoriedad o gratuidad, y con el que resulta de extrapolar las tendencias de la cobertura entre 1961 y 2017 (46.6% en 2024 y 53.8% en 2030).

Aunque el escenario de “obligatoriedad” es exigente, pues propone adicionar 30 puntos de cobertura entre 2018 y 2030, la experiencia de países como Corea (que logró un aumento de 42 puntos entre 1990 y 2000) y Chile (que la elevó en casi 30 puntos entre 2000 y 2010) demuestra que es posible lograr una transformación semejante en plazos de 10 o 12 años. Para alcanzar una meta de tal envergadura, la educación superior deberá constituirse en una verdadera prioridad nacional. De hecho, de sostenerse la dinámica propuesta por el escenario de “obligatoriedad”, el país podría lograr una cobertura de 85% en 2039 (que algunos autores consideran como el ingreso a la última etapa del proceso de universalización de la educación superior). Esto significaría lograr ese umbral 11 años antes del escenario de la “ANUIES” (2050) y alrededor de 21 años antes del “tendencial” (2060). Así, México reduciría significativamente el costo social que implica año con año la exclusión de cientos de miles de jóvenes.

Con base en las experiencias de los niveles previos, el riesgo siempre latente es que, de ser aprobada y elevarse a rango constitucional, la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior se conviertan en letra muerta. Por ello, el Congreso de la Unión deberá valorar profundamente su factibilidad. Será necesario poner en claro el monto requerido de recursos y el tipo y envergadura de los esfuerzos que deberá llevar a cabo el Estado para cumplir con este mandato. Un rasgo clave será la evolución que siga el gasto federal per cápita por estudiante en la modalidad escolarizada durante los próximos años. Este indicador alcanzó su máximo en 2009 (a pesos constantes de 2017) y cayó hasta registrar en 2017 valores inferiores —en términos reales— a los observados en las últimas dos décadas: de 67,063 pesos en 2009, de 57,295 pesos en 2015 y de 48,615 pesos en 2017.

Una precaria asignación presupuestal a las universidades no dejaría margen para atender en el futuro la cambiante composición social de la matrícula y el mejoramiento de la calidad educativa. Por eso, para estimar los requerimientos presupuestales, asumimos una recuperación del gasto federal per cápita real a un nivel equiparable al promedio observado durante 2007-2009 ($64,874 pesos a precios de 2017), que es el más alto durante el siglo XXI.

Si a lo largo del horizonte de proyección se mantiene inalterada la proporción representada por los estudiantes adscritos a las instituciones de sostenimiento público (casi dos terceras partes de la matrícula total) y se utiliza el subsidio federal indicado por alumno, es posible calcular el monto de financiamiento público requerido. En el cuadro 2 se puede advertir que la inversión sería cuantiosa e implicaría destinar, bajo el escenario de “obligatoriedad”, recursos regularizables por un total de 11,648 millones de pesos adicionales por año durante el periodo 2019-2024 (en contraste con 7,741 millones de pesos del escenario de la “ANUIES” y de 5,483 millones de pesos del “tendencial”). Los recursos estimados serían indispensables para atender el crecimiento de la matrícula, fortalecer la oferta educativa y la planta docente de las universidades.

Cuadro 2. Inversión promedio anual para atender el crecimiento
de la matrícula pública por escenario, 2019-2030

Año

Escenario
“tendencial”

Escenario “ANUIES”

Escenario “obligatoriedad”

2019-2024

5,482.70

7,740.70

11,648.00

2025-2030

5,055.90

7,164.60

10,241.00

Además, en un contexto de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, se requiere atender tanto el rezago como las nuevas necesidades de infraestructura y equipamiento. Esto es esencial para enfrentar el abandono escolar, favorecer el desempeño de los estudiantes y fortalecer la motivación de alumnos y docentes.  Aunque no hay un recuento disponible, se estima que existe un severo déficit y deficiencias de la planta física y el equipamiento educativo. Una estimación conservadora propone inyectar a la inversión registrada en 2018 (6 mil millones de pesos), un monto adicional de 4,500 millones de pesos adicionales por año para atender los requerimientos de infraestructura del escenario de “obligatoriedad”. Este monto contrasta con alrededor de 3 mil millones que se requerirían en el escenario de la “ANUIES” y cerca de 2,100 con el “tendencial”.

Por otra parte, el tránsito hacia una mayor masificación de la educación superior obligaría a atender una demanda crecientemente heterogénea. Tomando en cuenta este proceso de recomposición social de la matrícula, se prevé que la cobertura de los jóvenes en desventaja socioeconómica (los primeros dos quintiles de ingreso) continuaría aumentando para situarse en 2024 entre un mínimo de 33.5% (escenario “tendencial”) y un máximo de 40.2% (escenario de “obligatoriedad”) y entre 44.3 y 57.6% en 2030, como se indica en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Evolución de la matrícula de jóvenes en desventaja por escenario, 2019-2030

Año

Escenario “tendencial”

Escenario “ANUIES”

Escenario “obligatoriedad”

Cobertura de jóvenes en desventaja

Matrícula de jóvenes en desventaja

Inversión requerida para becas (asumiendo cobertura universal de jóvenes en desventaja) (millones de pesos)

Cobertura de jóvenes en desventaja

Matrícula de jóvenes en desventaja

Inversión requerida para becas (asumiendo cobretura universal de jóvenes en desventaja) (millones de pesos)

Cobertura de jóvenes en desventaja

Matrícula de jóvenes en desventaja

Inversión requerida para becas (asumiendo cobertura universal de jóvenes en desventaja) (millones de pesos)

2019

0.258

1,145,327

32,985

0.264

1,171,783

33,747

0.274

1,218,101

35,081

2024

0.335

1,482,907

42,707

0.360

1,591,040

45,821

0.402

1,778,362

51,216

2030

0.443

1,921,253

55,332

0.494

2,143,052

61,719

0.576

2,500,224

72,006

Para atraer y retener a los jóvenes de estos segmentos y reforzar el papel de la educación terciaria en la movilidad social, sería necesario fortalecer los programas de becas. Si, por ejemplo, en el escenario más exigente se buscara alcanzar cobertura universal de los jóvenes en desventaja en el 2024, sería necesario adicionar casi 300 mil nuevos becarios por año (considerando un monto de 2,400 pesos mensuales, como lo hace el programa “Jóvenes construyendo el futuro”), lo que implicaría agregar recursos regularizables del orden de 8,536 millones de pesos por año hasta acumular una cifra de 51 mil millones de pesos en 2024 (escenario de “obligatoriedad”). Los montos acumulados de los otros dos escenarios se indican en el cuadro 3.

La inversión requerida ascendería a cerca de 25 mil millones adicionales por año bajo el escenario de “obligatoriedad” (contra poco más de 18 mil en el de la “ANUIES” y casi 15 mil en el “tendencial”). A esta cifra deberá agregarse en cada caso una previsión relacionada con el impacto financiero de la gratuidad, ya que de ser aprobada afectaría los ingresos por cuotas y colegiaturas (y eventualmente de otros servicios) de las instituciones de educación superior. La ANUIES estima que el impacto financiero de la gratuidad podría ascender a 13 mil millones de pesos. Para no afectar la economía de las instituciones de educación superior, sería necesario establecer algún mecanismo resarcitorio e incorporar en sus presupuestos los montos regularizables correspondientes.

Finalmente, hay consenso de que no se trata sólo de aumentar la matrícula, sino además de evitar que la masificación redunde en una oferta educativa de baja calidad y poco pertinente. En particular, se requiere evitar que las instituciones educativas respondan improvisadamente a esta demanda. Sin una educación superior pertinente y de calidad no sería posible romper el círculo vicioso de la exclusión ni ofrecer a los jóvenes más y mejores oportunidades y mayores niveles de bienestar. En los próximos días conoceremos la resolución legislativa y el eventual mecanismo para determinar las previsiones presupuestarias que permitan dar cumplimiento a la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Habremos de estar muy pendientes.

 

Rodolfo Tuirán
Investigador asociado de El Colegio de México.