Hace unas semanas, el presidente de la República determinó que los recursos que destinaba el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INIFED) se otorgarían de manera directa a las escuelas y en los hechos se propuso la desaparición del INIFED. ¿Pero qué significa lo anterior para los maestros, las escuelas, los estudiantes y los padres de familia?

Antes de dar respuesta a esta pregunta, es conveniente aclarar las funciones que realiza dicho organismo —hasta ahora— y las razones por las que su desaparición es un tema importante en el ámbito educativo. El INIFED es la institución que se encarga de la asignación y transferencias de recursos  para la construcción y mantenimiento de  la infraestructura escolar, únicamente en la Ciudad de México. En el resto de las entidades federativas se encargan los órganos creados por las autoridades locales, por ejemplo, en el Estado de México, el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa; en Hidalgo, el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Educativa, y en Veracruz el encargado es el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz . Dichas instituciones deben vigilar que las obras se realicen en tiempo y forma y que cumplan las normas técnicas de seguridad.

Ilustración: Víctor Solís

El INIFED tiene a su cargo el programa Escuelas al Cien, de carácter de aplicación nacional, que surgió a partir de la reforma educativa de 2013 y cobró relevancia social por los sismos de septiembre de  2017, ya que las instituciones que sufrieron daños en su  estructura serían reparadas con los recursos asignados para tal fin. Las escuelas de nivel básico de todo el país se verían beneficiadas por el INIFED y el instituto local, mientras que de los planteles de educación media superior y superior se encargarían la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las entidades federativas a partir de la prioridad de sus necesidades.

La selección de los planteles se realizó a través del Diagnóstico de infraestructura educativa que se realizó  en el año  2013. Se llevó a cabo el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) con el respaldo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) el cual tenía por objetivo identificar el estado de la infraestructura educativa y proyectar las metas para el final del sexenio.

De acuerdo con la página web del programa, los recursos asignados deberían emplearse en las siguientes prioridades, pero siempre respetando el orden. A continuación, se enlistan dichas prioridades y los aspectos que contemplan.

1. Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento, relacionadas con daños en pisos, techos y muros, equipamiento de ventanas, pintura, impermeabilización, entre otras.

2. Servicios sanitarios que se verán reflejados en las instalaciones hidráulicas y los muebles de baño.

3. Mobiliario y equipo para aulas y por ende, los beneficiarios serían los estudiantes y el profesor.

4. Sistemas de bebederos para acceder a agua potable para su consumo.

5. Accesibilidad, se refiere a la inclusión de personas con discapacidad a las instalaciones, pero se especifica que al menos será a los servicios sanitarios y bebederos.

6. Área de servicios administrativos para mejorar condiciones de personal docente, directivo y administrativo.

7. Infraestructura para la conectividad. Construcción de un aula de medios o mejorar la ya existente.

8. Espacio de usos múltiples se refiere a la construcción de un arco-techo o de comedores para las escuelas de tiempo completo.

Otra de las funciones que tiene el INIFED es la capacitación en línea al personal a través del sitio CALI, cuya oferta educativa para el año 2019 gira sobre las siguientes temáticas: supervisión técnica; supervisión de instalaciones; supervisión de aspectos estructurales; formación de evaluadores de daños, y calidad de vida en el trabajo. Dichos cursos están organizados en los siguientes seis ejes curriculares propuestos por el organismo: formación de evaluadores de la calidad de la  Infraestructura Física Educativa (INFE); formación de evaluadores de daños de la INFE; seguimiento de obra; participación de la sociedad; gestión integral de riesgos, y capital humano. Dichos cursos están dirigidos y focalizados a ciertos actores, por ejemplo, a las autoridades de  los institutos locales, directivos, docentes, padres de familia y alumnos.

Una vez aclaradas las funciones del INIFED, es importante enfatizar los riesgos que implicaría que los recursos que administra dicho organismo y los institutos locales se entregarán de manera directa a los padres de familia, a través de los  Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), propuesta de Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina del 28 de mayo, derivada de la carta dirigida a la  Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), publicada el pasado 27 de mayo. ¿Esto se puede entender como un mensaje abierto para que la CNTE administre dichos recursos económicos? El primer riesgo es la participación de sindicatos. Es evidente que las políticas del presidente son totalmente clientelares y que en dado caso que la CNTE administre los recursos, ¿quién garantizará que se verán reflejados en las instituciones escolares?

El segundo riesgo está relacionado con la seguridad de los estudiantes.Si los recursos se entregarán de manera directa —en vista de la inminente desaparición del INIFED— esto, sin ninguna exageración, comprometerá la vida de los estudiantes, personal docente, administrativo y manual. El INIFED es la única dependencia gubernamental con especialistas encargados de la normatividad para la construcción de escuelas y, por ende, de garantizar la seguridad de los alumnos.

Si el dinero se entregará de manera directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los CEAP, ¿quién garantizará que los representantes harán uso adecuado de ese dinero? No es novedad, pero en redes sociales y medios de comunicación se han viralizado algunos casos de asociaciones de padres de  familia que han cometido desfalcos a las instituciones educativas. Según López Obrador, los comités estarán integrados por padres de familia, alumnos (a partir del cuarto grado) y docentes. Dichos miembros se elegirán al inicio de cada año y al finalizar deberán rendir cuentas ante la comunidad escolar. El tercer riesgo radica en que no hay un reglamento formal ante un asunto de urgencia nacional. Además, vale la pena discutir el tema de la participación social. Si bien se supone que en todas las escuelas deben de operar los consejos de participación social, no es algo que suceda en todos los centros escolares, en muchas ocasiones por falta de interés de los padres de familia. Por lo tanto, crear unos nuevos comités esperando una copiosa participación de la comunidad y, en algún sentido, duplicando funciones no parece la mejor propuesta. 

El cuarto y último  riesgo está totalmente relacionado con el anterior, si los CEAP se encargarán de decidir en qué y cómo se va a gastar el recurso asignado, ahora surgen otras muchas inquietudes ¿Cuántos padres de familia estarán dispuestos a realizar presupuestos, buscar asesoría, vigilar obras, etc., sin remuneración alguna?,  ¿Cuántos padres de familia saben interpretar un plano de construcción? ¿Cómo se van a determinar las necesidades sobre infraestructura? ¿Quién realizará los estudios de factibilidad y del suelo? ¿Quién brindará la asesoría sobre la construcción o rehabilitación de infraestructura? El INIFED no puede quedar fuera de este tipo de situaciones, es el árbitro en el campo de infraestructura educativa.

En suma, el INIFED y los institutos locales de infraestructura educativa son organismos importantes por su participación en la construcción y rehabilitación de planteles educativos. Su inminente desaparición, a través de las declaraciones parciales que ha presentado el titular del poder ejecutivo, implican consecuencias negativas que no se han dimensionado aún.

Tal como se explicó, dichas consecuencias están relacionadas con la participación de los sindicatos por la posible intervención de la CNTE y su dudosa reputación en el sistema educativo, la seguridad de los estudiantes, la ausencia de reglamentos sobre la elección, conformación y funciones de los CEAP; además, olvidan que muchos padres de familia no son ingenieros, arquitectos, no accedieron a la educación superior, o simplemente, no tienen tiempo para realizar presupuestos, buscar asesoría, capacitarse en línea, etc. Tampoco hay claridad si el programa Escuelas al Cien tendrá continuidad en este sexenio, si habrá  vigilancia de las obras que están en proceso o próximas a realizarse.

¿Qué se puede hacer ante esta situación? Me parece que esta es la oportunidad perfecta para que el INIFED legitime su papel en el campo educativo y asuma el liderazgo que le corresponde: el encargado de velar de manera indirecta por la seguridad de los estudiantes a nivel nacional.  Debe seguir con las actividades de capacitación debido a la actividad sísmica y los fenómenos naturales que azotan a nuestro país y que afectan a la infraestructura educativa. Es necesario evaluar los daños, formar brigadas de seguridad dentro de los planteles, vigilar las obras que se realicen a través del programa Escuelas al Cien —si es que tiene continuidad— y, finalmente, transparentar la inversión del recurso económico designado para su fin. De esa manera, se habrá ganado la confianza del ejecutivo y de la sociedad.

 

Bernabé Canales Reyes
Pedagogo y docente del subsistema estatal de bachillerato general del Estado de México.