La reciente reforma al Artículo Tercero constitucional reafirma el derecho a la educación y lo enriquece al establecer como garantía máxima el respeto de la dignidad de las personas y la igualdad sustantiva. Lo anterior, implica revertir la desigualdad en el sistema educativo para que todas las niñas, niños y adolescentes (NNA) accedan a la escuela en las mejores condiciones para el aprendizaje y obtengan los mayores logros educativos. En este sentido, el gobierno mexicano cuenta con la oportunidad de reorientar la política educativa a fin de garantizar educación para todos en igualdad de condiciones y de resultados, de manera tal que las desigualdades que enfrentan muchas poblaciones en México no se conviertan en desventajas educativas, económicas y sociales.

Ilustración: Estelí Meza

El reto, sin embargo, es muy grande ya que existe evidencia de que el sistema educativo y la vida cotidiana en las escuelas se encuentran lejos de los ideales que la reforma plantea. La presente transformación atraviesa —por tanto— un escenario extremadamente complejo, particularmente en las zonas rurales. A pesar de los importantes esfuerzos que ha realizado el Estado mexicano en las últimas décadas por alcanzar la cobertura universal en educación básica, la niñez rural aún cuenta con menores oportunidades educativas. Los siguientes datos dan cuenta de algunas problemáticas:

• Poco más de 882 mil NNA rurales de 3 a 14 años no asisten a la escuela.

• De las escuelas rurales de educación básica, 29% no cuenta con agua y 80% no tiene internet.

• Los estudiantes en estas zonas obtienen menores resultados de aprendizaje.

 

La Evaluación integral de la política de educación multigrado, publicada en abril de 2019 por la Unidad de Normatividad y Política Educativa del entonces Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), realizada en colaboración con la Universidad Iberoamericana y la Red temática de investigación en educación rural, señala que la educación pública ofrecida en las zonas rurales se ha caracterizado por ser de organización multigrado. Se trata de pequeñas escuelas de educación básica donde un docente atiende a estudiantes de distintos grados, edades y niveles de aprendizaje en una misma aula. Las escuelas con matrícula mayor a 29 estudiantes se encuentran formalmente a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mientras que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) ofrece educación comunitaria en las localidades más pequeñas y dispersas del país.

En las escuelas multigrado, los docentes comúnmente realizan actividades directivas y administrativas, en detrimento de su función pedagógica. Además, las comunidades escolares deben apoyar de forma sustancial la puesta en marcha y sostenimiento de los servicios educativos —aspecto que se acentúa en el caso de las escuelas del CONAFE— lo que resulta profundamente inequitativo, pues las escuelas multigrado se ubican predominantemente en pequeñas localidades rurales aisladas, con altos grados de marginación y pobreza: 78.3% de estas escuelas se sitúa en localidades con alto y muy alto grado de marginación y 84.9% se encuentra en los niveles más altos de aislamiento.

Las escuelas multigrado cobran mayor relevancia para la política educativa debido a que, además de atender a un sector de la población altamente vulnerable, representan un porcentaje muy importante de las escuelas del país. Una de cada tres escuelas públicas de educación básica en México (36.7%) es multigrado, porcentaje que aumenta a 50% si se incluye a aquellas escuelas donde por lo menos uno de sus grupos es multigrado. El porcentaje de centros escolares multigrado por nivel educativo se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 1. Porcentaje de escuelas públicas multigrado y con grupos multigrado
en educación básica (ciclo 2016 – 2017)

Fuente: elaboración propia a partir de la Evaluación Integral de la Política Educación Multigrado del INEE.

Históricamente, la atención a estas escuelas ha sido intermitente e insuficiente; muchas veces ha estado ligada a iniciativas de los gobiernos federales y estatales que no se han sostenido en el tiempo, teniendo como consecuencia que gran parte de la responsabilidad para subsanar estas carencias se haya situado en sus docentes y en las familias que integran la comunidad escolar.

Actualmente, las políticas educativas se dirigen de forma general a todas las escuelas del país y, en su gran mayoría, no consideran las necesidades ni contextos específicos de las escuelas multigrado. Lo anterior, debido a que la política educativa está concebida e implementada en función de una escuela ideal, es decir, con una planta docente completa —un maestro para cada grado— y un director, en contextos urbanos y con acceso a medios de comunicación. Sin embargo, la realidad de las escuelas públicas multigrado en México dista mucho de esta imagen homogénea que ignora la cualidad de la escuela rural. Estas escuelas son diversas en su organización escolar (unidocente, bidocente, tridocente, grupos multigrado o escuelas multinivel), en sus niveles escolares (preescolar, primaria y secundaria) y en el tipo de servicio (general, indígena, comunitaria, telesecundaria). Ello conlleva necesidades y problemáticas propias a las que la política educativa no ha dado respuestas claras, pertinentes ni oportunas.

A esta complejidad se suman situaciones contextuales entre las que destaca que las familias en estas comunidades enfrentan desventajas educativas derivadas de la acumulación intergeneracional de desigualdades; en las localidades rurales, por ejemplo, el analfabetismo es seis veces mayor y la escolaridad media de la población es 3.9 años menor que en las ciudades. De igual forma, fenómenos como la migración, el trabajo infantil, la inseguridad y la crisis ambiental afectan a la niñez rural en el ejercicio de sus derechos.

Los hallazgos presentados en la evaluación citada anteriormente demuestran que el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes que asisten a escuelas multigrado es sistemáticamente vulnerado, en gran parte porque estas escuelas están invisibilizadas desde la formulación de la política educativa a nivel central, lo que genera acciones fragmentadas o programas no incluyentes que muchas veces reproducen las brechas de desigualdad entre las escuelas. Como principales problemáticas para el caso de las escuelas multigrado de la SEP, la evaluación destaca lo siguiente:

• No existe un modelo educativo específico para multigrado y los materiales educativos no son pertinentes, debido a que no son apropiados para las necesidades de los grupos multigrado.

• La función directiva de los docentes provoca sobrecarga administrativa, lo que limita el desarrollo regular de las clases.

• La formación inicial y continua de los maestros no es específica para multigrado; además, estos enfrentan mayores barreras para acceder a los procesos de formación.

 

Por su parte, en el caso de las escuelas comunitarias del CONAFE:

• Cuentan con un modelo educativo específico para multigrado; no obstante, carece de un enfoque bilingüe y presenta limitaciones para la alfabetización inicial.

• La provisión del servicio enfrenta fuertes restricciones financieras, derivadas de la disminución de su presupuesto en 25%, en términos reales, de 2014 a 2018; además, sus escuelas son excluidas de la mayoría de las acciones educativas de la SEP.

• El servicio educativo está sujeto al compromiso de las comunidades de brindar alojamiento, cuidados, transporte y alimentación a las figuras educativas, así como, de facilitar espacios educativos, lo que no garantiza la gratuidad del servicio.

 

Además, en ambos casos —SEP y CONAFE—, las escuelas multigrado tienen una infraestructura escolar insuficiente y escasez de materiales educativos. Por otra parte, las figuras docentes prestan el servicio en condiciones precarias de seguridad, salud y acceso a las comunidades, aspectos que se relacionan con la alta movilidad de maestros y el abandono, en el caso de las figuras educativas de CONAFE.

Dichas problemáticas manifiestan la impostergable necesidad de atender de manera sustancial la desigualdad en el sistema educativo mexicano, la cual se expresa significativamente en las escuelas multigrado (véase las Directrices para mejorar la educación multigrado). Por ello, los planteamientos de la reforma educativa representan el marco ideal para realizar transformaciones consistentes y sostenidas, ya que, como señala la evaluación (p. 128), es “insuficiente plantear estrategias que únicamente compensen o fortalezcan las acciones públicas existentes, puesto que dichas acciones no necesariamente tendrían impacto en la reducción de la desigualdad educativa”.

En este caso, se requiere la instrumentación de una política integral que sea pertinente para el medio rural y que esté orientada al ejercicio efectivo del derecho a la educación de la niñez que allí habita. Para ello, es necesario reconocer y aprovechar las bondades de la educación multigrado y su valor comunitario, puesto que la calidad de una escuela no reposa en su número de docentes, sino en la pertinencia de su formación y en la valorización de su labor, en la disponibilidad de materiales y condiciones apropiadas para la enseñanza y el aprendizaje, así como en la pertinencia cultural y relevancia de sus procesos educativos.

En este sentido, la evaluación elaborada por el entonces INEE recomienda fortalecer las escuelas multigrado de manera tal que se responda a las necesidades educativas de cada contexto; mejorar la formación inicial y continua de sus docentes, así como sus condiciones de trabajo, y atender a la diversidad de estudiantes mediante un currículo y materiales educativos flexibles, suficientes y pertinentes para el contexto rural y la organización multigrado. Todo ello acompañado de un trabajo institucional que sea intersectorial y que mejore otros aspectos del bienestar, tales como alimentación, salud, infraestructura escolar, y servicios básicos: luz eléctrica, agua potable, desagüe y tecnologías de la información y comunicación.

Las NNA que asisten a estas escuelas tienen derecho a contar con las mejores condiciones educativas en sus propias comunidades. Avanzar en la garantía de este derecho es un reto impostergable que no se logrará si no se coloca a las escuelas multigrado en el centro de la formulación e implementación de la política educativa. La coyuntura actual representa, por ende, una oportunidad que no puede ser desaprovechada para revalorizar la educación multigrado y garantizar la igualdad educativa para sus estudiantes, priorizando su atención en las leyes secundarias derivadas de la reforma educativa, en el nuevo Programa sectorial de educación y sobre todo del próximo Presupuesto de egresos de la federación.

 

Mariana Elizabeth Castro
M en C. con especialidad en investigación educativa.

Cristina Perales Franco
Doctora en educación.

Lenin Bruno Priego Vázquez
Maestro en sociología política.